Los procuradores del PSOE por Ávila en las Cortes de Castilla y León, María del Carmen Iglesias e Iván Zazo, han responsabilizado a la Junta de Castilla y León de la situación registrada este fin de semana durante el incendio declarado en Santa Cruz del Valle, donde, según denuncian, la ausencia de cuadrillas de extinción evidenció las deficiencias del operativo autonómico de lucha contra incendios forestales.

Desde la formación socialista sostienen que lo sucedido era una situación conocida con antelación y que el Ejecutivo autonómico dispuso de margen suficiente para intervenir antes de que el conflicto afectara a la capacidad de respuesta ante emergencias. A su juicio, la falta de actuación ha terminado repercutiendo directamente en un servicio considerado esencial para la protección de la población y del entorno natural.

"La Junta conocía perfectamente la situación y disponía de tiempo para actuar. Lo más grave es que esto era previsible y, aun así, no se adoptó ninguna medida eficaz para evitar que un conflicto acabara afectando a un servicio esencial para la protección de las personas y de nuestro medio natural", ha señalado María del Carmen Iglesias.

El PSOE de Ávila alerta de que el inicio de la etapa de máximo riesgo de incendios forestales coincide con dudas sobre la disponibilidad efectiva de recursos humanos para afrontar posibles emergencias, especialmente en escenarios de varios incendios simultáneos o de prolongadas olas de calor.

"Si en los primeros compases de la campaña ya estamos viendo problemas para movilizar efectivos, es lógico preguntarse qué puede ocurrir cuando nos enfrentemos a situaciones de mayor gravedad. La ciudadanía necesita certezas y planificación, y la Junta está transmitiendo justamente lo contrario", ha advertido Iván Zazo.

Los socialistas recuerdan que la falta de cuadrillas no responde a una movilización laboral de los trabajadores, sino al enfrentamiento existente entre la patronal forestal ASEMFO y la Administración autonómica. Según explican, las empresas adjudicatarias comunicaron a finales de mayo que cerca de 950 bomberos forestales dejarían de participar en las labores de extinción debido a la incertidumbre jurídica derivada de los requerimientos de la Inspección de Trabajo relacionados con la exposición al humo y a sustancias potencialmente cancerígenas.

Para el PSOE, la permanencia de este conflicto sin una solución definitiva mantiene a los trabajadores en una situación de inseguridad respecto a las garantías de salud laboral exigidas por la propia Inspección de Trabajo, una cuestión que consideran responsabilidad directa de la Junta.

"Lo que ha ocurrido este fin de semana es que unas empresas contratadas para prestar un servicio esencial han decidido no hacerlo y la Junta no ha sido capaz de evitarlo. Esa es la responsabilidad que el Gobierno autonómico tiene que explicar. Mañueco no puede limitarse a observar cómo se deteriora un servicio básico sin intervenir", ha afirmado Iglesias.

Los procuradores consideran que el Ejecutivo autonómico no ha actuado con la diligencia necesaria ante un problema que, aseguran, llevaba semanas sobre la mesa y cuyo impacto sobre la operatividad del dispositivo era previsible.

"Gestionar este conflicto era responsabilidad de la Junta. Cuando un problema anunciado termina afectando a la respuesta ante un incendio real, estamos ante un fracaso de gestión que exige explicaciones y soluciones inmediatas", ha añadido Zazo.

Ante esta situación, el PSOE de Ávila reclama explicaciones al Gobierno regional, la puesta en marcha de actuaciones urgentes que permitan recuperar la plena capacidad operativa del dispositivo de extinción y una solución estable que evite nuevos episodios similares durante la campaña de incendios.

"Lo que está en juego no es un debate político, sino la seguridad de las personas, la protección de nuestros montes y la eficacia de un servicio esencial. La Junta debe actuar con la urgencia que exige la situación", han concluido ambos procuradores.