La Junta de Castilla y León ha revertido a suelo rústico los terrenos del Sector 3 en Villanueva de Gómez, un cambio que llega dos décadas después de la fallida y devastadora intención de construir una macro ciudad, y que CCOO de Ávila califica de "hipócrita", al basarse ahora en argumentos que el sindicato defendió sin éxito en su momento.

Hace casi 20 años, durante el fervor del boom inmobiliario, la pequeña localidad abulense de Villanueva de Gómez, con poco más de un centenar de habitantes, se vio amenazada por un ambicioso y desproporcionado proyecto urbanístico. Una promotora vislumbraba la creación de una auténtica "macro ciudad" que albergaría a 30.000 personas, con 7.500 viviendas, tres campos de golf, un hotel y un club de hípica. La ubicación elegida, sin embargo, generó una fuerte polémica: una extensa masa de pinar con un alto valor ecológico, situada en el corredor del río Adaja, alejada del núcleo urbano y con supuestas carencias en planificación y acceso a servicios básicos como el agua potable.

La iniciativa, que ya había dejado tras de sí la tala de más de 6.000 pinos y la apertura de 30 kilómetros de viales y sistemas generales, fue finalmente frenada y declarada ilegal por vía judicial. En aquella época, la Confederación Hidrográfica del Duero, importantes asociaciones ecologistas y, de manera destacada, CCOO, alzaron la voz contra lo que consideraban una "atrocidad" ambiental. El sindicato llegó incluso a impugnar, en 2007, la resolución de la Junta de Castilla y León que permitía la ocupación de una vía pecuaria para la urbanización, calificándola de "desafección encubierta al margen de la legalidad".

Ahora, el pasado 25 de marzo, en una decisión que ha reabierto viejas heridas, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila ha aprobado el cambio de uso del suelo del Sector 3 en Villanueva de Gómez, revirtiéndolo a suelo rústico. Lo que para CCOO de Ávila es un desenlace que les da la razón, viene acompañado de una profunda crítica hacia la actual postura de la administración autonómica.

"Denunciamos la hipocresía de la Junta de Castilla y León en la defensa del medio ambiente", ha declarado la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de CCOO de Ávila. El sindicato señala que, transcurridos casi dos décadas, los mismos argumentos de sostenibilidad, protección ambiental, escasez de demanda y viabilidad económica que ellos esgrimieron entonces y que fueron desoídos, son ahora la justificación oficial para revertir la situación.

Nueva decisión

La Junta, a través de la Comisión Territorial, ha justificado su nueva decisión aduciendo "un cambio de tendencia económica", la "escasa demanda de suelo residencial de estas características", la "existencia de determinados valores ambientales" y la necesidad de alinear las determinaciones con "criterios de sostenibilidad ambiental y en materia de urbanismo". La administración autonómica concluye su argumentario defendiendo que la "ordenación territorial ha de tender a aspectos de sostenibilidad, primando la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, la movilidad sostenible, y promoviendo el «urbanismo de proximidad"», así como la protección del medio ambiente frente al desarrollo urbano".

Si bien el resultado final supone una victoria para los principios defendidos por CCOO y los colectivos ecologistas, el sindicato lamenta que la Junta de Castilla y León no haya actuado con la diligencia y coherencia esperada. "La zona afectada sigue sin restaurarse, manteniendo los kilométricos viales y aceras enlosadas con sus sistemas generales hormigonados, entre otras obras, dentro de la masa de pinar junto al corredor natural del Adaja", advierten.

CCOO de Ávila reafirma su firme compromiso con la defensa del medio ambiente y su oposición a cualquier intento de uso indebido de los recursos naturales. Lamentan, no obstante, que el Gobierno regional no cumpla y defienda sus competencias legales de manera oportuna, dejando un amargo sabor a hipocresía en un caso que, a pesar de su resolución final, evidencia las dificultades para preservar nuestro patrimonio natural frente a intereses especulativos.