El Grupo Socialista en la Diputación de Ávila ha registrado una moción urgente en la que propone habilitar un fondo extraordinario de 500.000 euros destinado a aliviar el impacto del encarecimiento energético en los ayuntamientos de la provincia.

La portavoz socialista, Mª del Carmen Iglesias, ha subrayado que los consistorios, especialmente los de menor tamaño, están afrontando sin apoyo el aumento de los precios del petróleo y el gas. En este contexto, ha criticado la falta de actuación autonómica y ha asegurado que "mientras los ayuntamientos hacen frente a un aumento inasumible de los costes energéticos, el presidente de la Junta mantiene su agenda centrada en negociaciones políticas tras las elecciones, sin haber articulado hasta el momento ninguna medida ante las nefastas consecuencias de la guerra en Oriente Medio".

La iniciativa plantea la creación de un Fondo Extraordinario de Emergencia Municipal que permita compensar el incremento de gasto en servicios esenciales como el alumbrado público, la calefacción de edificios municipales o el funcionamiento de vehículos.

Además, los socialistas reclaman a la institución provincial que defina con mayor concreción su política en materia energética, especialmente en relación con el desarrollo de comunidades energéticas. Iglesias ha insistido en que "no basta con anunciar iniciativas: es imprescindible ejecutarlas. La dependencia energética de nuestros municipios es una debilidad estructural que esta crisis ha vuelto a poner en evidencia".

La moción incluye también un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que apruebe ayudas directas a los ayuntamientos y adopte medidas específicas para sectores como el transporte interurbano, cuya sostenibilidad podría verse comprometida por el aumento del combustible.

Por otro lado, el PSOE ha anunciado una segunda propuesta centrada en la seguridad y cardioprotección, que contempla la dotación de desfibriladores semiautomáticos (DESA) a las Policías Locales y Vigilantes Municipales, así como formación en reanimación cardiopulmonar. La medida, con una inversión estimada de 25.000 euros, busca equiparar la cobertura existente en la Guardia Civil.