La Junta de Personal de Ávila, órgano que representa al personal funcionario de la Junta de Castilla y León, ha denunciado la situación administrativa que atraviesan varios centros educativos de la provincia y la propia Dirección Provincial de Educación debido a la falta de personal administrativo y auxiliar.
Uno de los casos señalados es el del IES Arenas de San Pedro, cuya situación se ha hecho pública recientemente. Según explica el órgano sindical, el problema ya había sido trasladado con anterioridad a la administración autonómica. En concreto, la Junta de Personal presentó un escrito solicitando la cobertura de las plazas vacantes el 5 de noviembre de 2025, petición que fue reiterada el 2 de febrero de 2026, sin haber obtenido respuesta hasta el momento ni haberse adoptado medidas para resolver la situación.
Además de este centro, la Junta de Personal asegura haber comunicado también la falta de personal funcionario no docente en otros institutos de la provincia, entre ellos el IES Aravalle de El Barco de Ávila y el IES Gredos de Piedrahita, así como en la propia Dirección Provincial de Educación de Ávila.
Estas incidencias, según detallan, han sido trasladadas a diferentes órganos de la administración autonómica, entre ellos la Dirección Provincial de Educación, el Delegado Territorial de la Junta en Ávila, la Dirección General de la Función Pública y la Secretaría General de la Consejería de Educación, aunque afirman que hasta ahora no se han adoptado medidas para corregir la situación.
La Junta de Personal considera que la solución pasa por el nombramiento de personal interino mediante el llamamiento de las actuales bolsas de empleo del Cuerpo Administrativo y del Cuerpo Auxiliar de la Junta de Castilla y León.
Según advierten, la escasez de personal administrativo está generando retrasos en la tramitación de documentación oficial, dificultades en la atención a las familias y problemas en la gestión académica del alumnado, además de una mayor carga de trabajo para el resto del personal de los centros.
El órgano sindical concluye que esta situación resulta "insostenible" y advierte de que perjudica tanto al alumnado como a las familias y al propio personal, además de comprometer el normal funcionamiento del servicio público educativo en los centros afectados.
