Pedro Pascual lidera la lista de la formación amarilla para las Elecciones Autonómicas de Castilla y León
La falta de actualización de la RPT deriva en nuevas condenas al Consistorio
La justicia aprecian trato desigual en la plantilla municipal
Las recientes resoluciones judiciales relacionadas con trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila vuelven a poner en el centro del debate la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente desde 2001. Los fallos judiciales concluyen que dicho documento "está desfasada, no se ajusta a los criterios legales de valoración y no recoge el importante incremento de funciones y responsabilidades asumidas, en este caso, en materia de servicios sociales desde hace más de dos décadas".
Según expone CCOO, estas resoluciones no responden a situaciones puntuales, sino que evidencian un problema de carácter estructural que afecta a buena parte de la plantilla municipal. En el caso concreto de Servicios Sociales, ya se han acumulado 12 sentencias favorables, a la espera de que se resuelvan otros procedimientos aún abiertos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila señala además que el Consistorio ha aplicado de forma parcial la valoración de puestos de trabajo elaborada en 2019 por la empresa NUTCO. En concreto, se habría utilizado para mejorar las retribuciones de al menos quince funcionarios, mientras que otros empleados continúan siendo evaluados conforme a criterios de hace 23 años.
Esta diferencia de trato, según recoge la sentencia, vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, al aplicar criterios distintos dentro de una misma administración. Una circunstancia que, según el sindicato, pone de manifiesto una política de recursos humanos arbitraria y discriminatoria, cuya responsabilidad última recae en el alcalde de Ávila.
Las resoluciones judiciales obligan al Ayuntamiento a "practicar una nueva valoración del puesto de trabajo, con criterios objetivos y ajustados a la ley, y a abonar los atrasos económicos desde el 1 de enero de 2021, más los intereses legales".
A ello se suma la condena en costas judiciales, fijadas en 600 euros por procedimiento, lo que supone un desembolso total de 7.200 euros para las arcas municipales por las doce sentencias ya firmes. Un gasto que, según CCOO, deriva de "una gestión deficiente y su negativa reiterada a resolver correctamente las injustas condiciones que sufre la plantilla municipal".
Desde la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Ávila advierten de que, mientras no se aborde una actualización global de la Relación de Puestos de Trabajo y se sigan ignorando los pronunciamientos judiciales, continuarán produciéndose nuevos litigios y condenas. El sindicato defiende que una política de personal transparente y ajustada a derecho permitiría evitar un gasto innecesario de dinero público y reconocer adecuadamente la labor que desempeñan las trabajadoras de Servicios Sociales, especialmente en la atención a los colectivos más vulnerables de la ciudad.








