La reciente implementación de la nueva estructura interna de los órganos judiciales, puesta en marcha hace apenas un mes, ha desatado una ola de críticas por parte de la sección de Justicia de UGT, que califica la situación actual de "caótica". El sindicato denuncia graves deficiencias en la gestión del personal y en los recursos tecnológicos, advirtiendo de un posible "colapso" que impactará directamente en la ciudadanía y en la celeridad de los procesos judiciales.

Desde UGT señalan que la reorganización del personal, asignando nuevas tareas a funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia, está generando una notable ralentización. "Cada persona se está viendo obligada a adaptarse a nuevas funciones sin la preparación adecuada", explican. A esta problemática se suma la ausencia de formación presencial, reemplazada por videos y manuales en PDF, y una consulta telefónica que se antoja insuficiente ante la magnitud de los cambios.

Uno de los puntos más críticos reside en el ámbito informático. La sustitución de la aplicación Minerva por la nueva plataforma Atenea ha traído consigo una falta de cobertura y asistencia técnica que "está provocando el colapso de ordenadores, caídas de red y fallos en los sistemas de comunicación". Además, tras un año de entrada en vigor de la Nueva Ley Procesal, muchas de las aplicaciones disponibles aún no están adaptadas, creando un "miríada" de herramientas (Atenea, Acceda o Siraj) que rara vez funcionan de forma coordinada, dificultando incluso la realización de videoconferencias básicas

UGT ha reiterado sus advertencias sobre la insuficiencia de personal, un problema detectado meses antes de la reforma y que el Ministerio de Justicia ha tardado en abordar, con nombramientos de personal interino que "no cubren las vacantes necesarias". La situación es especialmente alarmante en los Equipos Psicosociales y Técnicos, fundamentales para la asistencia a menores y en casos de violencia de género, donde se observa un déficit severo que incluso obliga a personal de una provincia a dar cobertura a otra.

El sindicato también denuncia el incumplimiento de normativas de riesgos laborales. Los resultados de la Evaluación de Riesgos Laborales realizada en 2024 aún no se conocen, y se cuestiona la seguridad de las nuevas ubicaciones de puestos de trabajo. A esto se suma la obsolescencia del Plan de Evacuación, que data de 2015 y no contempla las actuales estructuras ni el personal responsable.

Consecuencias ciudadanos

La conjunción de estos problemas está provocando que abogados, procuradores y ciudadanos se encuentren con dificultades para conocer el estado de sus procedimientos judiciales. "Si la intención del Ministerio era agilizar la justicia, el camino elegido es erróneo. La situación irá a peor", sentencian desde UGT. Se teme que cualquier intento de ahorro económico se esté logrando "a costa de una peor administración de justicia a las ciudadanas y ciudadanos", lo que califican como "una injusticia".

UGT Ávila ya ha solicitado reuniones con el Ministerio de Justicia en Madrid para plantear soluciones urgentes, entre las que se incluyen un aumento proporcional del personal de apoyo judicial, la correcta evaluación de las cargas de trabajo, la unificación de instrucciones de actuación y el estricto cumplimiento de las normativas laborales.

La organización sindical confía en que se tomen medidas para revertir esta "preocupante situación" y garantizar el correcto funcionamiento del servicio público de justicia.