El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado que declaren como testigos en su juicio por el caso Koldo la presidenta del Congreso, Francina Armengnol, y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre otros.

Ábalos, cuyo abogado ha renunciado este miércoles a representarle, ha presentado su escrito de defensa de cara al primer juicio que le sentará en el banquillo por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 24 años de cárcel.

Será juzgado con quien fuese su más estrecho asesor Koldo García, que afronta una petición de 19 años y medio de prisión; y el presunto comisionista Víctor de Aldama (7 años).

El también ex número tres del PSOE, ahora en prisión preventiva a la espera de fecha de juicio, solicita al Tribunal Supremo su absolución en un escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que subraya que no ha cometido ningún delito y denuncia la vulneración de derechos, como el de la representación parlamentaria.

Pide más de medio centenar de testificales, desde actuales ministros como Marlaska o Torres, hasta la presidenta del Congreso, Francina Armengol; a varios exaltos cargos como el exnúmero dos de Interior, Rafael Pérez; el exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos, Pedro Saura; o el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, entre otros.

Con testificales como la de Marlaska y su exnúmero dos, Ábalos busca probar que no influyó en ellos para contratar a la empresa Soluciones de Gestiones, sobre la que pivota el caso, para la compra de mascarillas.

También quiere que declaren su hijo, Víctor Ábalos, el exgerente del PSOE Mariano Moreno -para aclarar los pagos del partido al exministro- y varias empleadas del Ministerio de Transportes para que expliquen el informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre los contratos de la época de Ábalos que se encuentran bajo sospecha.

Un informe contra el que vuelve a cargar el exministro al sostener que "no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes", con argumentaciones que no están justificadas y "subjetividades", que comprometen "su objetividad y fiabilidad".

Ábalos plantea en su escrito de defensa que no hubo irregularidades en la compra de material sanitario y que él no recibió ninguna dádiva por parte de las empresas implicadas en la trama, ni en dinero en efectivo ni en viviendas, como apunta la investigación de la UCO.

Tampoco acepta la acusación de haber mediado para la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de Claudia Montes, otra mujer de su entorno a la que también quiere citar como testigo, en empresas públicas vulnerando los protocolos propios de contratación.

Asimismo, el escrito de la defensa de Ábalos cita varios ejemplos para poner en duda la credibilidad de Víctor de Aldama, presunto corruptor de la trama, también investigado y cuyas declaraciones ante el juez en contra del exministro suponen una pieza clave en la acusación.

El exministro recalca que no hay rastro de las comisiones millonarias que Aldama afirma haberle pagado; tan solo "tergiversando los números" la UCO ha detectado 95.000 euros en diez años, una cifra que tacha de "bastante ridícula" para tratarse de una supuesta comisión por la compra de material sanitario o por el acceso a otras ramas de la administración.

En cuanto a los ingresos en efectivo que la UCO subraya en su informe, el escrito matiza que se trata de 60.000 euros en diez años, a una media de 502 euros al mes, lo cual tampoco parece "una cifra alimentada por comisiones o mordidas".

Sostiene Ábalos que todos los ingresos que obtuvo en el período estudiado provenían de tres fuentes: su nómina, dietas o anticipos del PSOE del que era secretario de Organización o préstamos de Koldo García que posteriormente compensaba (23.000 euros en transferencias entre 2018 y 2022.

También niega haber actuado a favor de Air Europa en su rescate, en 2020, o haber realizado gestiones para que la empresa Villafuel recibiera una licencia como operador de hidrocarburos, unos hechos por los que también se investiga a Víctor de Aldama por un fraude millonario.