El Grupo Municipal Socialista en Ávila ha denunciado la "nefasta política de recursos humanos" del equipo de gobierno de Por Ávila, que según sus portavoces está generando un grave perjuicio económico al consistorio y un creciente malestar entre los empleados municipales.

La portavoz socialista, Eva Arias, ha criticado que en el último curso político el Ayuntamiento haya perdido 24 sentencias estimadas total o parcialmente en materia de personal. "Todas estas sentencias suponen un desmesurado gasto para el bolsillo de todos los abulenses", ha afirmado, subrayando que solo en costas judiciales el importe asciende a unos 10.000 euros, a lo que se suman pagos de más de 6.300 euros por diferencias retributivas a funcionarios.

Por su parte, el portavoz adjunto Arturo Barral ha incidido en que el problema no es solo económico, "sino que también son problemas, es malestar de los empleados públicos". Según ha explicado, colectivos como las trabajadoras sociales, los auxiliares administrativos y la policía local han recurrido a los tribunales para ver reconocidos derechos laborales que el Ayuntamiento había denegado. "Unos empleados públicos totalmente en contra del equipo de gobierno va a redundar siempre en un peor servicio a los ciudadanos", ha advertido.

Barral ha puesto como ejemplo el caso de once trabajadoras sociales, a las que se les había negado la reclasificación de puestos durante años. "Hoy el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido definitivamente su derecho a unas mejores retribuciones", ha señalado, cifrando en 5.400 euros el coste en costas judiciales de estas sentencias.

El edil socialista también ha denunciado el "lío descomunal" con la policía local, después de que el Ayuntamiento gastara más de 6.000 euros en un despacho de abogados para valorar sus funciones, un trabajo que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado inválido. "Hemos tirado un año por la borda, nos hemos gastado muchísimo dinero y no vale para nada", ha reprochado.

Los socialistas advierten de que cerca de un 20% de la plantilla municipal, aproximadamente un centenar de empleados públicos, está ya directamente afectada por estas sentencias, y que la falta de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), prometida pero nunca aprobada, amenaza con llevar al juzgado la gestión de la plantilla municipal. "Estamos consiguiendo que sea el Tribunal Superior de Justicia el que haga la RPT, y eso es una auténtica barbaridad", ha concluído Barral.