El monarca relata en sus memorias cómo hizo partícipe a Felipe VI del 23-F para que entendiera que la monarquía constitucional "nunca es algo seguro"
El fiscal general deposita la fianza de 150.000 euros y el juez rectifica rebajándola a la mitad
García Ortiz, que avaló parte de la fianza con su patrimonio, había recurrido ante la Sala de lo Penal porque considera esa cantidad excesiva
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha depositado la fianza de 150.000 euros que le impuso el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, puesto que no disponía de tal cantidad de dinero en metálico.
El fiscal general, además, ha recurrido la fianza ante la Sala de lo Penal porque consideraba esa cantidad excesiva. Finalmente, este martes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.
Hurtado ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha depositado un aval de 150.000 euros para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Todo lo contrario que González Amador, quien ya había presentado un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que no puede ser inferior a 300.000 euros porque "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".
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No aporta el tique del aparcamiento de aquella jornada, pero sí la matrícula para que se pueda reclamar ese documento a la empresa
Les imputa presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos









