Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha comparecido brevemente ante el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, para reafirmar las funciones desempeñadas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y para subrayar que únicamente realizó algún "favor" en casos muy excepcionales, como el envío de un correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

La comparecencia de Gómez, que se prolongó poco más de cinco minutos, se centra en la quinta imputación que pesa sobre ella en el marco de la investigación sobre la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, un proceso que se inició hace casi año y medio. La imputación actual se refiere a un presunto delito de malversación, en una pieza separada de la causa que instruye Peinado desde abril de 2024, y que busca esclarecer si hubo desvío de dinero público y si Álvarez desempeñó tareas privadas para la mujer del presidente.

Durante la declaración, Gómez explicó que las funciones de su asesora consistían principalmente en coordinar su agenda, equipo de seguridad y labores de protocolo.

Además, reiteró que en alguna ocasión puntual Álvarez realizó un favor enviando un correo que contenía un mensaje personal de Gómez sobre su deseo de que Reale continuase patrocinando la cátedra, un gesto que su abogado consideró una conducta aislada y que no justificaría la imputación por malversación.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha defendido ante el juez que la interpretación del Código Penal por parte de Peinado es "exorbitada, extremadamente extensiva y alejada de la realidad", un argumento que ya presentó en recursos anteriores ante la Audiencia Provincial de Madrid.

LA ASESORA NO DECLARA

Por su parte, Álvarez se acogió este miércoles a su derecho a no declarar, señalando que considera que la imputación carece de fundamento y que ya ha recurrido la decisión.

Esta es la cuarta vez que Begoña Gómez acude a los juzgados de Plaza de Castilla desde que comenzó la investigación. En dos de las anteriores ocasiones se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en diciembre pasado respondió a las preguntas de su abogado para negar cualquier indicio de delito o irregularidad.

Como medida de seguridad, Gómez accedió a la sede judicial por el garaje, siguiendo un decreto gubernativo emitido por la decana de los juzgados de Madrid, similar al adoptado en sus comparecencias anteriores, para proteger su integridad física.

En el marco de esta investigación, el juez también ha tomado declaración como testigo a figuras clave, como el ministro Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, aunque finalmente se descartó su imputación por falta de indicios. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha remitido varios autos recordando al juez que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer un plan delictivo", en relación con Gómez y un eventual delito de tráfico de influencias.

Con los recursos presentados por Gómez y Álvarez, la Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver ya ocho recursos relacionados con esta causa, en un proceso que mantiene en el centro del debate judicial la legalidad de la contratación y las funciones de la asesora en Moncloa.