Las medidas anticorrupción anunciadas este miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrán un impacto directo sobre las empresas, especialmente en aquellas que deseen contratar con la administración pública.

Según el Gobierno, estas deberán adaptarse a un entorno con mayores exigencias en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, si desean mantener o iniciar relaciones contractuales con el sector público, recoge EFE. 

Los principales efectos de las medidas anunciadas serán:

-Obligatoriedad de sistemas de 'compliance' anticorrupción. Las empresas que quieran optar a contratos públicos deberán implantar sistemas internos de prevención y control de la corrupción, siguiendo estándares internacionales.

-Canales internos de denuncia. Todas las empresas que contraten con la administración estarán obligadas a disponer de canales internos de denuncia para que empleados y terceros puedan alertar de posibles irregularidades.

-Listas negras y exclusión de contratación pública. Las empresas condenadas por corrupción serán incluidas en listas negras y quedarán excluidas de futuros contratos con la administración, lo que puede suponer la pérdida de oportunidades de negocio.

-Aumento de sanciones económicas. Se endurecerán las multas para las empresas corruptoras, lo que incrementa el riesgo económico de incurrir en prácticas ilícitas.

-Pactos de integridad. Para determinados contratos públicos, se desplegarán pactos de integridad que obligarán a las empresas a cumplir compromisos éticos y de transparencia en la ejecución de los contratos.

-Mayor control y transparencia. Se reforzarán los requisitos de transparencia y se implementarán herramientas de inteligencia artificial en la contratación pública, lo que aumentará el escrutinio sobre las empresas y sus relaciones con la administración.