El líder del PSOE de Castilla y León apoya a los estudiantes que afrontan la PAU y critica la falta de transparencia sobre el futuro Gobierno autonómico
Castilla y León asegura que ya prohíbe la bollería industrial en los menús de los colegios
Carriedo destaca que ofrecen todos los días 50 menús diferentes elaborados por nutricionistas
La Junta de Castilla y León ya prohíbe en los menús que se ofrecen en los comedores de los colegios públicos la bollería industrial, así como los productos ultraprocesados o con azúcares añadidos, como recoge el Gobierno en su decreto para regular la alimentación en todos los centros educativos. Así lo destacó este miércoles el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que precisó que en todas sus "líneas de trabajo siempre está la oferta de raciones de pescado, de carne y de legumbre".
Fernández Carriedo, en declaraciones publicadas por Ical, defendió la calidad de los comedores escolares en los centros públicos de la Comunidad, que "se basa en la variedad" y donde se preparan y ofrecen todos los días 50 menús diferentes elaborados por nutricionistas, para afrontar todas las intolerancias posibles de los alumnos.
También precisó que esa, oferta sobre la base de un sector agroalimentrario de calidad, se ofrece en 538 comedores de centro públicos, en los que cada día comen 51.600 alumnos, de los que 31.000 lo hacen con algún tipo de beca, el 60 por ciento del total, cuando en España solo se beneficia el 35 por ciento. Asimismo, se congratuló porque la mayor parte de ellos, comen gratis con su beca, y el resto, "los menos", pagan de media por menú 4,5 euros, frente a los cinco en España.
"Facilitamos una alimentación saludable y adaptada a las intolerancias, que llega a casi 52.000 alumnos, con un porcentaje gratuidad que duplica la media española y a un menor precio", concluyó.
Feijóo afirma que el pacto se está "ultimando esta mañana" y desde Vox añaden que podría quedar rubricado este mismo miércoles
Un estudio revela que la baja adherencia a los fármacos financiados por la sanidad pública reduce las posibilidades de abandonar el hábito
El desembolso anual asciende a 3,7 millones de euros, con el PP como el grupo que más recibe (más de 123.000 euros al mes)








