Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han manifestado este viernes su desacuerdo con la financiación de 39 millones de euros asignada por el Ministerio de Sanidad al plan nacional de salud mental. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, calificó este presupuesto como "insuficiente", señalando que no solo es escaso para un plan de tal envergadura, sino que además se desconoce con exactitud cómo se distribuirá la financiación.

El Ministerio de Sanidad intentará de nuevo este viernes que el Consejo Interterritorial, reunido en Toledo, apruebe el plan de salud mental, el cual fue rechazado por las comunidades del PP en febrero. Aunque el nuevo documento incluye algunos ajustes de redacción, mantiene la misma propuesta de un modelo más humanizado en la atención, con un mejor uso de los psicofármacos y una asignación de 39 millones de euros.

El consejero de Castilla y León destacó que los fondos planteados por el Ministerio no son suficientes para abordar un plan tan ambicioso. Vázquez hizo un llamado a negociar las cifras y subrayó que la baja financiación responde a la falta de presupuestos y a la necesidad de rendir cuentas a otras comunidades, como Cataluña, por la condonación de la deuda.

Por su parte, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, coincidió con Vázquez en que el presupuesto propuesto es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de la sanidad madrileña, que destina más de 500 millones de euros anuales a salud mental. Matute exigió una mayor dotación de recursos humanos y defendió que el plan debe centrarse en la contratación de profesionales, como psicólogos clínicos y psiquiatras.

Además, Matute resaltó la necesidad de crear un plan estatal monográfico de recursos humanos, dado que la falta de personal está impactando negativamente en el sistema de salud. También pidió un aumento en la inversión en Sanidad, sugiriendo que esta debería representar el 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 13% de la media europea.

Vázquez también criticó el orden del día propuesto por el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, señalando que algunos puntos, como la ampliación de plazas de formación de Medicina familiar y comunitaria, no se han incluido a pesar de ser solicitados por los consejeros del PP. Ante esta situación, el consejero advirtió que las comunidades autónomas podrían recurrir a medidas administrativas, incluso contenciosas, para garantizar el cumplimiento del Reglamento.