El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo día 25, con el firme propósito de poner en marcha las medidas que sean “necesarias” para erradicar cualquier forma de violencia de género, pues se trata de “la máxima expresión de la discriminación que sufren las mujeres en la sociedad y de un atentado contra los derechos fundamentales de la persona recogidos en la Constitución”.

A instancias de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y Cooperación han promovido esta Declaración que se une a las actuaciones y homenajes que el Gobierno está llevando a cabo para manifestar su “profundo rechazo” a la violencia ejercida sobre las mujeres, sea cual sea su forma y situación. La ministra Ana Mato presentó el pasado jueves el lema de la campaña de sensibilización para animar a las mujeres que padecen malos tratos a que denuncien y salgan del silencio “cómplice”. “Hay salida” es su lema.

Tal y como consta en la Declaración, “resulta imprescindible” aunar todos los esfuerzos para hacer frente a este grave problema social y apelar a la “unidad de todas las fuerzas políticas y de las Administraciones Públicas”, toda vez que “la implicación de toda la sociedad en su conjunto” aparece como elemento crucial. Por tanto, el apoyo a la labor de las organizaciones especializadas de la sociedad civil se convierte en tarea indispensable.

El Gobierno está trabajando “intensamente”, y así lo señala en la Declaración. Un esfuerzo orientado a la ruptura del silencio que sensibilice a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular y que, con “la participación de todos”, consiga la eliminación de la violencia de género. Hay ya iniciativas en este sentido, como la “Alianza de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia”.

Un esfuerzo orientado a la coordinación interinstitucional y a la garantía de los derechos que el ordenamiento jurídico confiere a las víctimas y a sus hijas e hijos. Orientado, también, a lograr “una respuesta profesional más eficaz centrada en la prevención, en la mejor protección de las mujeres y de sus hijos y en la atención personalizada”.

Los grupos más vulnerables tendrán “una consideración específica”, según indica la Declaración. Las mujeres mayores de 65 años, las mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes y las que viven en el ámbito rural. Estos son los sectores en los que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se volcará con el único objetivo de que también salgan de la violencia, de que sepan que “hay salida”.

Otra vía por la que trabajará el Gobierno es la de la información, ya que más y mejor información sobre esta lacra contribuirán a que el diagnóstico resulte completo y eficaz.

Cada una de estas actuaciones certifican el compromiso del Gobierno con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres existentes en la sociedad, y en este compromiso se incluye la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

El compromiso del Gobierno, recogido en la Declaración que ha aprobado el Consejo de Ministros, se extiende a la esfera internacional, sobre todo en Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa. En cada uno de dichos ámbitos, el Ejecutivo apoya distintas resoluciones contra la violencia de género, ofrece cursos de formación sobre el papel de las mujeres en conflictos, promueve medidas de todo tipo que atajen la discriminación, participa en la elaboración de estrategias, es activo contra la impunidad y ayuda a que las víctimas queden amparadas por la Justicia.

Además, en la lucha contra los asesinatos por motivos de género en varios países de Iberoamérica, España está apoyando, en coordinación con los países afectados, la definición por la sociedad civil y las instituciones de Naciones Unidas un Protocolo contra esta lacra.

Hay que seguir avanzando, recalca el Gobierno, pero siempre desde el compromiso de “alcanzar una sociedad libre de violencia en la que las mujeres disfruten de la dignidad y de los derechos que les son inherentes, como corresponde a una sociedad democrática”.