Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que se reclaman al Gobierno "alternativas presupuestarias" con el objetivo de compensar la falta de ingresos de los ayuntamientos Patrimonio de la Humanidad, cuyas zonas históricas están exentas de pagar el IBI y tienen una reducción de hasta el 95% del ICO.

En total, el país cuenta con 46 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 15 son ciudades: Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, Mérida, Tarragona, Baeza y Úbeda.

Estos consistorios, según denuncia la formación 'naranja', no sólo se enfrentan a los gastos que generan los cuidados, atenciones especiales y conservación de estas ciudades, sino también a la exención de impuestos que se han habilitado para los propietarios de aquellos inmuebles protegidos en los cascos históricos. Esta situación, apuntan, hace "difícil y complicado" el mantenimiento de las urbes.

"Los alcaldes de estas ciudades tan emblemáticas, a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, reclaman ayudas de las comunidades, al Estado y a Europa, para paliar el descenso que se produce en la recaudación de tributos como el IBI y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y que en los cascos históricos están bonificados para los propietarios de los inmuebles protegidos", explica la iniciativa, recogida por Europa Press.

DEJAN DE INGRESAR 25 MILLONES

En total, según este grupo formado por las ciudades patrimonio, cuando se entra en esta lista mundial se incrementan los gastos en un 15% y desciende la recaudación de impuestos alrededor de 25 millones de euros.

Para Ciudadanos es "paradójico" que en estas ciudades sus ayuntamientos, que deberían de aportar más recursos para mantener todo su esplendor histórico y cultural, sufran este desajuste presupuestario que puede poner en peligro la conservación escrupulosa que merecen estas "joyas culturales".

Por ello, quieren pedir al Gobierno que trabaje, junto a los propios ayuntamientos y a las comunidades autónomas y las instituciones Europeas, en la búsqueda de alternativas presupuestarias para paliar el descenso que se produce en la recaudación de los impuestos municipales como el IBI y el ICO.