Las cifras más reveladoras del Gobierno
El acto que este domingo convocó el Partido Popular en Madrid para calentar la investidura de Feijóo ha tenido muchas cifras que, por supuesto, no coinciden en cuanto a la asistencia de personas que acudieron a esta cita orientada a rechazar cualquier propuesta de Amnistia que los catalanistas, protagonistas del 1-0, dan por segura dentro de su paquete de negociaciones.
La concentración ponía a prueba la capacidad del PP a la hora de movilizar la calle, que habitualmente se atribuye la izquierda por aquello de considerarse en una mayor posición social en cuanto a reivindicaciones se refiere. Lo cierto es que los populares consiguieron congregar a una cifra interesante de personas que abrieron la habitual guerra entre los datos de la Delegación del Gobierno y la Policía Local. Lo de siempre.
No obstante, hay otras cifras que resultan más llamativas por toda la carga que tienen detrás. La pasada fue la semana de los pinganillos, acepción popular de los auriculares que hicieron falta para entenderse en el Congreso de los Diputados porque se estrenó la moda de utilizar los idiomas catalán, euskera y gallego. Lejos de concebirlo como una riqueza cultural de España, por supuesto que lo es, la medida responde a un auténtico chantaje que forma parte de la negociación previa a la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE votó en su momento en contra de lo que ahora aplaude, y la historia de los pinganillos supone un gasto provisionado de unos 300.000 euros entre traductores y medios técnicos que el Congreso ha tenido que incluir en sus cuentas, que en realidad son las cuentas de todos.
Otra cifra alarmante es el 42% que la asociación de consumidores Facua ha publicado para visualizar la subida del precio del aceite de oliva virgen, el denominado oro líquido español que se ha puesto imposible en la cesta de la compra. En realidad, llenar el carro del supermercado o repostar combustible para el automóvil ha pasado a convertirse en toda una hazaña para unos bolsillos castigados por la inflación, sin que exista una capacidad de respuesta política que haga frente a todo esto.
Pero aún más preocupante es contemplar las consecuencias de la Ley del 'sí es sí', ese enorme borrón político de los socios de Sánchez que no ha tenido ninguna consecuencia política. La ministra Irene Montero sigue en su puesto e incluso los palmeros de Podemos piden su continuidad en el hipotético nuevo Gobierno de coalición. Estas cifras son aterradoras con más de 1.200 rebajas de condenas y 121 excarcelaciones. Mientras medio país debate sobre si un beso en una entrega de premios se puede considerar agresión sexual, los responsables de impulsar esta Ley y de hostigar a Rubiales hasta su salida no se enrojecen por estos números realmente preocupantes. Esta Ley no es más que el reflejo de lo que ha sido un Gobierno absolutamente maniatado por los condicionantes de sus socios, pero es lo que estamos a las puertas de repetir si no hay remedio ni repetición electoral. Porque la cifra realmente clarificante coincide con los excarcelados: 121, que son los diputados de Pedro Sánchez, insuficientes para tener las manos libres pero básicos para la conformación de un nuevo Gobierno multicolor y, por lo visto, multilingüista en una Cámara donde todos se pueden entender en una misma lengua común que no nos cuesta 300.000 euros.