UPyD pide en el Pleno de la Diputación la eliminación de la institución

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León continúa con la presentación de su modelo de Organización Territorial en todas las instituciones en las que tiene representación. En esta ocasión, ha sido el diputado provincial Santos Martín Casado el que ha defendido una moción que plantea la fusión de municipios y eliminación de instituciones con competencias duplicadas (Diputaciones, Mancomunidades y Consorcios) en la propia Diputación de Ávila

A la hora de defender su proposición Martín,  en primer lugar, ha dicho que la Junta no conseguirá ahorrar 238 millones de euros si no se suprime la actual estructura administrativa, en la que hay mucha duplicidad de competencias. Y que los borradores presentados tanto a nivel nacional como provincial no hacen una buena reordenación del territorio.

 

IU se ha abstenido porque para modificar las Diputaciones habría que cambiar la Constitución; y primero “habrá que saber lo que quieren la Junta y el Gobierno Central”. Añadiendo que lo que tenemos “no es bueno para nuestros municipios, pero tenemos que esperar como van a reagruparse”.

 

Por su parte Tomás Blanco del PSOE ha dicho que “no coincido con la propuesta de la Junta porque no es nada municipalista, pero vamos a votar en contra porque la reagrupación de municipios no es la solución, porque supondrá eliminar servicios”. Por su parte PP también voto en contra “ya que las Diputaciones prestan un gran servicio a los ciudadanos y a los ayuntamientos”.

 

En su turno de réplica Santos Martín ha dicho “que la supresión no sería de un plumazo sino que tendría que ir haciéndose poco a poco, como se ha realizado en otros ámbitos (marco judicial, educativo, etc.).

 

En el turno de votación su moción, ha obtenido 22 votos en contra de PP y PSOE, la abstención de IU y el único voto a favor ha sido el suyo.

 

Estructura de la formación magenta

 

En el documento presentado, se explica que el mapa municipal español es de estructura parroquial (prácticamente igual desde principios del siglo XIX) y recuerda que España es uno de los poquísimos países de nuestro entorno que no ha reordenado su territorio. A diferencia de Francia, Alemania, la República Checa, Austria, Noruega, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Grecia o Portugal; los sucesivos gobiernos democráticos españoles y la Junta de Castilla y León no se han atrevido a enfrentarse a este problema.

 

Tanto es así, que el Gobierno regional y el principal partido de la oposición parecen no aclararse en el modelo a seguir, como muestra la ruptura del acuerdo presentado como un ejercicio de “responsabilidad y entendimiento políticos” ante los medios de comunicación, que finalmente ha resultado un fiasco.

 

La propuesta de UPyD parte de un principio básico: asegurar los servicios a los ciudadanos a través de municipios fuertes que no dependan de otras Administraciones para cumplir con las competencias que la Ley les obliga. Por ello, se propone la fusión en torno a núcleos de 10.000 habitantes, aunque podrían ser más o menos grandes siempre que se asegure que los vecinos de un municipio fusionado tengan acceso a esos servicios.

 

Los castellanoleoneses, además, votarían directamente a sus representantes públicos, algo que a día de hoy es imposible en Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Consorcios, por lo que se mejoraría la calidad democrática al poder dirigirse directamente al responsable de esa actividad, sin que le deriven a otros órganos administrativos.

 

Con este modelo, los núcleos de población y los municipios no desaparecen, sino que su administración se concentra para poder aplicar economías de escala, mejorar el servicio y no depender de instituciones intermediarias. De este modo, se ahorrarían los costes estructurales y de representación de las instituciones intermedias, que en las Diputaciones Provinciales alcanza la mitad de su presupuesto.

 

La formación magenta también rechaza la nueva figura creada por la Junta de Castilla y León – las Mancomunidades de Interés Comunitario – al considerarla un escalón más en el crisol institucional y que se suma a Ayuntamientos, Consorcios, Diputaciones Provinciales, Comarcas (en el Bierzo) y el propio Gobierno regional en la prestación de los servicios. Una estructura que aleja más si cabe a los ciudadanos de la gestión pública.

 

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León – pese a su exclusión de la Mesa de Ordenación del Gobierno regional – ya ha presentado su propuesta en otras provincias y organismos públicos. De hecho, la diputada provincial de la formación magenta en la Diputación de Burgos, Rosario Pérez, ya presentó el pasado 18 de diciembre esta medida con el habitual rechazo de PP y PSOE, siempre unánimes en la defensa de sus resortes de poder.