UPyD pide al Ayuntamiento que estudie el impacto económico de una sentencia del TS sobre fincas urbanas

El fallo judicial posibilita a los dueños de fincas urbanas que no han sido edificadas ni urbanizadas abonar el IBI como si se tratara de suelo rústico, por lo que se reducirá la cuantía económica que se percibe por este concepto.

 

El portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Ávila, Manuel Vicente, ha solicitado al Equipo de Gobierno del Partido Popular que estudie el impacto que tendrá en las arcas municipales la sentencia del Tribunal Supremo que permite a los propietarios de parcelas recalificadas como urbanas en las que no se hayan construido edificios ni se hayan urbanizado pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como si se tratara de suelo rústico.


En la Junta de Gobierno celebrada hoy, Manuel Vicente se ha interesado por este asunto y ha pedido que los técnicos elaboren un informe que determine el impacto que esta sentencia puede tener en la recaudación de uno de los impuestos municipales más relevantes por volumen de la recaudación, como ya se ha hecho en otros ayuntamientos.  


El pasado mes de junio se dio a conocer una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconoce que los propietarios de fincas recalificadas como urbanas en las que no se ha edificado y que no han sido urbanizadas –es decir, que cuentan con acceso rodado y servicios de abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica- podrán pagar el IBI como si fueran rústicas.


Se calcula que esta decisión judicial, que afecta a más de 900.000 parcelas en toda España, hará que los ayuntamientos dejen de ingresar 4.500 millones de euros al año por este concepto. Asimismo, los consistorios se verán obligados a devolver el IBI si los afectados reclaman judicialmente