UPyD exige al Ayuntamiento que acate la sentencia del Colegio de Farmacéuticos "sin más excusas"

Javier Cerrajero a la puerta del Colegio Oficial de Farmacéuticos

El Concejal de UPYD, Javier Cerrajero, ha manifestado que “lo que tienen que hacer los señores del Partido Popular es cumplir lo que los jueces dictaminan y dejar de hacer valoraciones y consideraciones al respecto".

El Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Ávila lamentaba el pasado 17 de mayo el Decreto de Alcaldía dictado, sobre el espacio público frente al Colegio Oficial de Farmacéuticos, al considerar que burlaba el cumplimiento de la Sentencia Judicial. Por su parte, el Partido Popular lo defendió y criticó a UPyD por “adoptar una postura favorable a los recurrentes”, considerándolo "inaudito".

 

Hace pocos días, el 31 de mayo, la Magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ávila, dispuso en su Auto que la Sentencia dictada en estas actuaciones “está sin ejecutar, que debe ejecutarse la misma por parte del Ayuntamiento de Ávila de forma inminente, sin más demoras, ni consideración alguna, estableciéndose que el inicio de la misma debe producirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente Auto y finalizar dentro de un plazo de tres meses siguientes”. Todo ello, con imposición al Ayuntamiento de Ávila de las costas de este incidente.

 

El Concejal de UPYD, Javier Cerrajero, ha manifestado que “lo que tienen que hacer los señores del Partido Popular es cumplir lo que los jueces dictaminan y dejar de hacer valoraciones y consideraciones al respecto. Es más, el interés general también es gestionar bien los recursos y no malgastarlos, y les recuerdo a todos que el Ayuntamiento es condenado a costas y posibles multas coercitivas. Si creen en la independencia de la Justicia, que lo demuestren respetándola y acatándola”.

 

El portavoz municipal de UPYD, Javier Cerrajero, insiste en la opinión que vertió el pasado 17 de mayo, cuando consideró que el Ayuntamiento, desde 2011, estaba utilizando la inacción como fórmula para permitir el cierre de un espacio público, contraviniendo el interés general en favor de intereses particulares y calificó el Decreto de Alcaldía como “un decretazo para burlar el espíritu de la sentencia”. “Nuevamente, el tiempo nos da la razón”, ha concluido Cerrajero.