UPyD exige a la Junta que dé explicaciones por el supuesto pago de comisiones en la aprobación de los parques eólicos

Carolina Martín, candidata de UPyD a la Junta de Castilla y León

La formación magenta se hace eco de una información publicada por El País en la que se afirma que se llegaron a cobrar al menos 110 millones de euros.

Unión Progreso y Democracia exige a la Junta de Castilla y León que dé las pertinentes explicaciones por el supuesto pago de comisiones para agilizar en la aprobación de parques eólicos de la región, según informa hoy el diario El País.

 

El rotativo nacional explica que la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una aparente trama organizada en la que estaban involucrados altos cargos de la Junta de Castilla y León, así como las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y la explotación de los citados parques en la Comunidad. Entre los implicados, además, se encuentran el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, mano derecha del actual consejero del ramo, Tomás Villanueva.


En el texto, se les acusa de recibir comisiones sin motivos económicos justificados – no se percibe ninguna contraprestación o actuación concreta – por un montante de al menos 110 millones de euros, ya fuera a través de transferencia de fondos o de acciones.

 

La candidata a la Presidencia de la Junta, Carolina Martín, solicita al presidente Herrera que comparezca ante la ciudadanía y que “ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos porque la gestión de la Junta queda en entredicho”.


Martín lamenta otro caso de supuestas irregularidades en el Gobierno regional, que se suma a las del edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda – organismo dependiente de la citada Consejería de Economía – con un sobrecoste de 9 millones de euros, el coste total supera los 70 millones, y tal como publica la Cadena SER pudo haber un delito en su compra al tener supuesta información privilegiada.


La también cabeza de lista de UPyD a Cortes por Valladolid celebra esta actuación de la Agencia Tributaria, así como insiste en que el Gobierno regional “sea transparente” y ofrezca toda la información posible sobre estos casos, dada la gravedad de los supuestos delitos que se denuncian.