UPyD demanda que se definan las competencias municipales en servicios sociales

El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia presenta una proposición al pleno con el fin de garantizar la mejor atención social a los ciudadanos.

El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Ávila presentará, en el pleno que se celebrará este viernes, una proposición encaminada a la definición de las competencias municipales en materia de servicios sociales, debido a la próxima puesta en marcha de las modificaciones que se producirán en esta área debido a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.   


En su propuesta, el grupo magenta pide al Ayuntamiento que inste al Gobierno de la nación a “definir y clarificar la atención primaria de servicios sociales para asegurar el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos, estableciendo una cobertura mínima, un sistema de información común para el conjunto del Estado, una financiación estable y suficiente y atribuyendo la competencia de la gestión de las prestaciones básicas a las entidades locales”.  


En enero de 2015, el grueso de los servicios sociales dejará de ser competencia de los ayuntamientos y pasarán a ser responsabilidad de las comunidades autónomas. Los consistorios tendrán como única competencia la evaluación e información de las situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Así, las competencias en servicios sociales pasarán a manos de la Junta de Castilla y León, que podrá delegarlas o no a criterio del Gobierno regional de turno y de forma diferente en cada una de las autonomías, por lo que se pone en tela de juicio la continuidad de diversos programas municipales y se pierde la ventaja de que la administración más próxima al ciudadano sea la que preste de forma directa la atención social primaria y de forma igualitaria en todo el territorio nacional.


Además, la recentralización de los servicios sociales supone la pérdida de la capacidad municipal para actuar sobre la proyección social futura, mermando la autonomía local y reduciendo al mínimo el papel que desempeñan los ayuntamientos en la protección social y la promoción de la igualdad de oportunidades.