UPyD afirma que 1.500 administraciones han "desviado" fondos del pago a proveedores a facturas no autorizadas

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, asegura que unas 1.500 administraciones públicas han "desviado" parte de los fondos del Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno a principios del año pasado a abonar facturas que no habían sido autorizadas por el Ministerio de Hacienda, y reclama medidas de control para evitar un "mal uso" de este dinero en el caso de que el programa se reedite.

 

 


MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



En una pregunta parlamentaria, que recoge Europa Press, la líder de la formación magenta recuerda que el Plan de Pago a Proveedores tenía como objetivo el abono de las facturas que ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones tenían con diferentes empresas y que se estaban demorando excesivamente, "poniendo en riesgo en numerosos casos la viabilidad" de estas compañías.

Sin embargo, unas 1.500 administraciones habrían "desviado" parte de esos fondos para pagar fundamentalmente gastos corrientes, como la factura de teléfono. "Este desvío de fondos ha sido posible, en parte, a la falta de controles sobre el destino final de los fondos entregados a las administraciones locales y diputaciones, como a la falta de transparencia de las cuentas de numerosos consistorios y diputaciones", añade Díez.

SE PONE EN RIESGO EL OBJETIVO DE LA MEDIDA

A su juicio, este fenómeno "desvirtúa el objetivo final de la medida y pone en riesgo sus resultados", por lo que reclama "medidas concretas de control" del Ejecutivo sobre el destino final de los fondos, especialmente si se reedita el programa en este ejercicio, como podría ocurrir según ha reconocido el propio Ejecutivo "a la vista de las deudas que las administraciones públicas" han vuelto a acumular en los últimos meses con sus proveedores.

"Es necesario evitar nuevos desvíos de fondos poder cumplir el objetivo de la medida. Hay que evitar un mal uso de estos fondos", añade la portavoz parlamentaria, reclamando además que se "aumente la vigilancia sobre las corporaciones locales que han hecho un uso incorrecto de estos fondos".