Una empresa castellano y leonesa vinculada al sector podría comprar la factoría de Elgorriaga

Fábrica de galletas de Elgorriaga, en el polígono de la Colilla de Ávila.

La factoría se encuentra desde el pasado mes de julio en manos de dos administradores judiciales tras admitirse a trámite la denuncia de la Junta de Castilla y León por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila, que dio paso a un proceso penal contra el presidente de Urbasa Global, José Andrés Fernández, anteriores gestores por un posible delito de estafa.

Según ha podido saber este periódico a través de fuentes institucionales, una empresa de Castilla y León vinculada al sector estaría interesada en la compra de la factoría abulense de Elgorriaga, con la intención de potenciar la inversión y la creación de empleo en la propia fábrica.

 

Ya el pasado 21 de enero, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, aseguró que "existen interesados en adquirir la fábrica de galletas de Elgorriaga", y en ese momento, destacó que el interés debe reflejarse en una “oferta sólida y que sea viable” para el futuro de la empresa, mientras que el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto apuntaba que “la última conexión ha sido a con el secretario general de CONFAE acompañado de Luis Presa y Mercedes Morán”, propietarios de las acciones y que "pueden ser una opción", para sacar adelante la factoría, “aunque la Junta de Castilla y León también baraja otras”.

 

En los últimos días se han sucedido las noticias sobre la factoría de Elgorriaga de Ávila, tanto desde el punto de vista reivindicativo como de apoyo, desde sindicatos, los propios trabajadores e instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Ávila, que se ha pronunciado tanto desde el Equipo de Gobierno como en boca del propio alcalde, que ha recibido al Comité de Empresa para conocer de primera mano la situación.

 

Desde el 28 de enero, los trabajadores han realizado varias movilizaciones a las puertas de la factoría, denunciando que se les adeudan las tres nóminas del cuarto trimestre de 2014, y hace apenas unos días MCA-UGT instó al administrador judicial y a las administraciones la “implicación necesaria para solucionar su problema” y acabar con los “graves perjuicios” que vienen sufriendo los empleados.