Un abulense de 90 años recupera 242.000 euros atrapados en participaciones preferentes

El afectado había invertido los ahorros de toda una vida de trabajo, a instancias de los empleados de la sucursal de Caja Ávila, en participaciones preferentes de Caja Madrid.

Continúa por toda España el incesante goteo de sentencias favorables para los afectados por las participaciones preferentes. Uno de los últimos casos resueltos favorablemente por los Servicios Jurídicos de Ausbanc es la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ávila, que afecta a un anciano de 90 años, que ha logrado recuperar más de 242.000 euros, los ahorros de toda una vida de trabajo, que había invertido, "a instancias de los empleados de la sucursal de Caja Ávila", en participaciones preferentes de Caja Madrid.

 

La sentencia señala que “la entidad bancaria debe ser extremadamente diligente en la emisión y comercialización de estos productos, especialmente cuando los destinatarios tienen la condición de consumidores, y dentro de esta caracterización, más aún si en el específico ámbito de la contratación bancaria en que se mueve el asunto litigioso reúnen la cualidad adicional de clientes minoristas, a quienes la legislación sectorial atribuye una destacada protección”.

 

Según la sentencia, la actividad realizada tanto por Caja Madrid como por la Caja de Ávila era de asesoramiento financiero “pues los productos financieros complejos fueron ofrecidos por la entidad financiera”. Así, en la declaración como testigo del subdirector de la sucursal de la Caja de Ávila, éste reconoció que “no se ofrecía generalizadamente, sino ligado a la circunstancia de ser clientes con un importante nivel de ingresos o determinado volumen de depósitos en la entidad”.

 

La sentencia cita la Ley 24/1998 del Mercado de Valores, en cuyo artículo 79 se establece como obligación esencial de los servicios de inversión “la de comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios”.

 

Las conclusiones que extrae el juez de las pruebas son contundentes:

 

1.- El demandante tenía la condición de consumidor cuando contrató las preferentes, además de minorista, lo que requiere de la máxima protección.

 

2.- Carecía de experiencia previa en productos de inversión.

 

3.- La entidad buscó al cliente y le ofreció el producto, destacándole sus bondades. En este punto, el juez señala que “cabe presumir que o bien o no se le realizaron al cliente las explicaciones oportunas de manera completa y comprensible, o bien se hicieron de alguna manera sesgada y capciosa, apreciación corroborada por el hecho de que una persona de 86 años al tiempo de la contratación, cuyos únicos ingresos serían la pensión de jubilación y los ahorros de toda una vida de trabajo, parece muy difícil de admitir, por no decir imposible, que vaya a aceptar verse envuelto en una operación financiera de elevado riesgo, con posibilidad real de pérdida de sus ahorros”.

 

4.- Tampoco se concedió al cliente un periodo de tiempo suficiente para que pudiera reflexionar sobre la naturaleza y riesgos del producto de inversión que le era ofrecido por la entidad bancaria.

 

5.- La actuación de la entidad indujo al cliente a confusión en la contratación. Según se indica en la sentencia, “no deja de resultar apreciable cierta actuación dolosa por omisión en cuanto a la forma de la documental manejada por el empleado de la entidad bancaria de la que se valió para conseguir la contratación, susceptible claramente de inducir a confusión a la persona con la que se trata acerca de la verdadera naturaleza económico financiera con todas sus implicaciones y riesgos reales del producto por el que le están evaluando”.

 

Basándose en todas estas pruebas, el juez falla a favor del cliente y decreta la nulidad de los dos contratos de participaciones preferentes de Caja Madrid, firmados en 2009 y 2010. Esto significa que el cliente recupera los 242.000 euros que había invertido.