UGT espera que la Diputación asuma sus alegaciones al futuro reglamento del Centro Infantas

Centro Infantas Elena y Cristina

Este sindicato no entiende que no exista en la RPT el puesto de Director del Centro, de obligada creación, conforme a la normativa de la Junta de Castilla y León.

Mañana 26 de abril, tras la corrección de errores en su publicación, finaliza el plazo de 30 días otorgados para que todos los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas. FSP/UGT ya presentó las suyas las cuales han sido puestas en conocimiento de los partidos políticos con representación en la Institución, así como a las organizaciones de discapacitados y de mayores de Ávila.  

 

Dada la importancia para la sociedad abulense, a la cola en algunos servicios que ya se vienen realizando en toda Castilla y León desde hace años, desde UGT confían en que todos participen y la Diputación asuma sus alegaciones. Destacan desde este sindicato que les han hecho llegar lo que "nos parece una irresponsabilidad por parte de la Vicepresidenta segunda, el haber paralizado los ingresos en el centro, a pesar de existir vacantes, existiendo una lista de espera, a la espera de que se apruebe el nuevo reglamento, y luego a la espera otra vez de que se elabore la nueva, viendo mermadas si cabe más, los futuros residentes sus expectativas de ingreso".

 

La lista en vigor la han elaborado el Comité Técnico de Valoración de Ingresos y Seguimiento y aprobada por el Área de  Familia, Dependencia y Oportunidades, empleando criterios, "en contra de lo manifestado por la Vicepresidenta segunda": riguroso orden de antigüedad de la solicitud, una vez cumplidas las condiciones establecidas por la Junta de Castilla y León y desarrolladas en el reglamento del Centro aprobado por la Diputación Provincial de Ávila en 2013.
    

 

Por otro lado, la Unión General de Trabajadores tampoco entiende que no existe en la RPT el puesto de Director del Centro, "de obligada creación" conforme a la normativa de la Junta de Castilla y León, autoatribuido por una funcionaria, "sin base alguna", han concluido.