UGT denuncia la demora en ejecutar la sentencia del TSJ del centro residencial 'Infantas Elena y Cristina'

Imagen de archivo.

En opinión de UGT, se mantiene la ilegalidad en la jefatura de servicio de los servicios sociales, que "es donde más personal y presupuesto destina la Diputación”.

 

Desde el sindicato creen que las administraciones "deben ser ejemplo de transparencia y de cumplimiento de la legalidad, para que sean el espejo donde nos miremos los ciudadanos y no ver como una administración pública se mantiene en la ilegalidad, al caer en el peor pecados, la soberbia".

 

Según la Unión General de Trabajadores la sentencia declara ilegal la atribución de funciones realizada a MLRS, anulando la resolución presidencia de 07/09/15, y lo es, porque la presidencia de la diputación utilizó un “atajo” en contra del interés general, para cubrir una vacante producida por la jubilación de la anterior Jefe de Servicio. La sentencia debe ser ejecutada por la Corporación en un plazo de dos meses, y debe hacerse cuanto antes,  pues no parece conveniente mantener a alguien cuyas decisiones están supeditadas a la declaración de nulidad de su cargo.

 

Para UGT el Puesto de Jefe de Servicio de los Servicios Sociales debe cubrirse por medio de un concurso de acuerdo a lo establecido en la RPT y con los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad. Si bien en la RPT el Puesto está reservado a la Escala de Administración Especial, desde el año 2001, y dado que el contenido de sus funciones es predominantemente burocrático, creen desde el sindicato que debe modificarse la RPT y catalogarse en la Administración General, conforme indica el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, sentencias e informes incluido el del Secretario General de la Diputación de 27/08/15, VMG, que incorporaba y atribuía a la Jefe de Servicio funciones del siguiente tenor: “… las funciones directivas que comprenden específicamente la organización, coordinación y supervisión de las actividades del servicio, así como las funciones administrativas que comprenden la superior responsabilidad en la tramitación de los expedientes administrativos”.