Tomás Blanco lamenta el "desmantelamiento" de la Ley de Dependencia

Cree que es necesario luchar para que se vuelva a trabajar en los parámetros en que lo hacía el Gobierno del PSOE.

El Secretario General de los socialistas abulenses, Tomás Blanco, ha declarado hoy, siete años después de la puesta en marcha por parte del Gobierno Socialista de la Ley de Dependencia, que las políticas del Partido Popular han entrado en una dinámica de destrucción paulatina del Sistema en el que muchas personas  con dependencia severa o gran dependencia están falleciendo sin ser atendidas, y que a causa de los retrasos y la subida del copago a muchos se les quita la posibilidad de ser cuidados en el entorno familiar .


Blanco señala que en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León se prevé reducir en 10 millones de euros los recursos para la dependencia y que esto quiere decir que cientos de personas en situación precaria esperarán sin resultado su prestación, que los que la tienen la verán reducida y que muchas familias habrán de aportar dinero para que sus mayores puedan estar en una residencia o para cualquier otro tipo de ayudas.


Nuestra provincia, una de las más envejecidas del país, se ve verá afectada de manera especial por estas decisiones,  ya en marzo de este año el PSOE abulense denunció la desprotección a que se vieron sometidas al menos 869 personas de nuestra provincia que eran cuidadas por sus familiares, dentro de la figura de la Ley de Dependencia relacionada con los cuidadores en el entorno familiar y que debido a la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012, perdieron la subvención para le pago a la Seguridad Social del cuidador, además de reducciones drásticas en el dinero que ya recibían por hacerse cargo de su familiar con algún tipo de discapacidad.


Blanco opina que en Dependencia no se puede ahorrar porque está en juego la vida y la dignidad de las personas y explicita el firme compromiso del Partido Socialista con esta Ley, impulsada por el PSOE  y que ahora debe centrarse en las necesidades de las personas, la calidad de servicios y prestaciones, y en la gestión de casos, asegurando una financiación suficiente, y garantizando su implementación con homogeneidad en todas las CCAA, reforzando para ello los controles públicos y los mecanismos de evaluación.