Sobre los límites y uso legítimo de derechos: caso Andrea

Artículo de Opinión de Marta Albert, profesora del Máster en Bioética y formación de la UCAV que moderará hoy por la tarde la Jornada de Bioética sobre el Final de la vida que se celebra en la UCAV.

La situación de Andrea ha generado un tenso debate en la sociedad española. Intentar aclarar cosas desde el punto de vista jurídico podría contribuir a una mejor comprensión global del problema.

 

Según fuentes del hospital, la niña respiraba por sí misma, recibía sedación conforme a los indicadores de dolor que permiten a su equipo médico saber cuándo requiere analgesia y no recibía ningún tratamiento médico extraordinario, siendo alimentada e hidratada a través del estómago. Desde el momento en que se le suspenda la alimentación y la hidratación, Andrea morirá debido a la ausencia de comida y bebida, y no debido al curso natural de su enfermedad.

 

El derecho a renuncia a tratamiento médico no tiene como finalidad convertir la muerte en un derecho.

 

La familia de Andrea ha traducido jurídicamente su petición como una forma de ejercicio de derecho de renuncia a tratamiento médico, reconocido en la Ley Orgánica 41/2002, de autonomía del paciente.

 

Lo primero que debemos plantearnos, para saber si esta petición es lícita e, incluso, es exigible jurídicamente como un derecho subjetivo, es si la alimentación constituye un tratamiento médico, o, en cambio, se trata de una medida básica de cuidado. Si fuera lo segundo, su retirada no constituiría objeto de derecho alguno, relativo sólo a los tratamientos médicos. ¿Se trata en cualquier caso de una petición conforme a derecho?

 

A la hora de interpretar las leyes el jurista debe mirar a la finalidad de las mismas. La finalidad de la ley de autonomía del paciente cuando regula la renuncia a tratamiento está muy lejos de apuntar a que todo conflicto médico-paciente deba resolverse cumpliendo la voluntad de este último, lo que sería sencillamente disparatado, ya que ningún derecho tiene carácter absoluto ni puede ejercerse fuera del marco del ordenamiento jurídico. La voluntad del paciente, como la de todos los operadores jurídicos en un Estado de Derecho, no es ilimitada. Los derechos han de ejercerse conforme a la finalidad para la que son reconocidos y garantizados, y emplearlos para lograr a través de ellos un fin contrario al Derecho es una práctica ilícita a la que nuestro ordenamiento jurídico llama ejercicio de un derecho en fraude de ley.

 

El bien jurídico protegido por el derecho a renuncia a tratamiento médico es la integridad física y moral del paciente, que no puede ser tratado contra su voluntad. Pero a través de este derecho no podemos perseguir un fin distinto de la salvaguardia de la integridad, como sería el de decidir cuándo ha llegado el momento de la muerte del paciente. Es útil aquí plantearse qué desean los padres de Andrea y si la retirada de la alimentación y nutrición es buscada como un fin en sí misma o como un medio para provocar la muerte de la niña. También puede ser conveniente pensar en tantos otros pacientes que renuncian a tratamiento haciendo un uso conforme a derecho de esta posibilidad: ¿qué fin persiguen? Lo esencial para ellos es aquí el no ser objeto del tratamiento en cuestión. La muerte es una consecuencia posible que se asume secundariamente de manera responsable. La diferencia es sutil pero no poco clara ni irrelevante.

 

Este es, a mi juicio, el punto fundamental. Nuestro Estado de Derecho no considera lícitas, ni menos exigibles en derecho las decisiones en torno a la disposición de la propia vida. Obviamente menos aun las que tienen por objeto la vida de un tercero, por más que éste quede bajo nuestra responsabilidad jurídica. Emplear el derecho a renuncia a tratamiento médico para lograr un fin contrario a nuestro ordenamiento jurídico constituye un uso indebido de un derecho, técnicamente, un fraude de ley, ante el que nuestro sistema debe reaccionar haciendo cumplir aquello que “legalmente” pretende eludirse.

 

LA LICITUD DE LA DECISIÓN

La licitud de la decisión depende de que ésta sea conforme al ordenamiento jurídico y a la lex artis. En cuanto a esto último, el derecho se remite a los criterios médicos que establecen qué es indicado para cada paciente en cada circunstancia. Me limito, por tanto, a algunas consideraciones formales sobre el asunto. La lex artis es una ley ad hoc. Un cambio sustancial en la situación clínica de Andrea (como el aducido por sus médicos) no es que permita, es que prácticamente obliga a un cambio en su plan terapéutico. Ello no implica necesariamente que los médicos hayan “dado su brazo a torcer”. El problema es que no parece que las concretas medidas propuestas hayan ido en la dirección adecuada, y, si así fuera, estarían privando a Andrea de su derecho a recibir los cuidados debidos mientras permanezca con vida.

Fuente: Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.

La decisión acerca del “cuándo” de la propia muerte (en este caso, la de decisión de los padres sobre la muerte de la menor) no es lícita en nuestro ordenamiento jurídico. No existe un “derecho a morir”. Si los médicos actúan poniendo su ciencia médica al servicio de la obtención de un fin contrario al ordenamiento jurídico (hacer efectiva la decisión de los padres de que Andrea deje de vivir) su actuación será, en consecuencia, tan antijurídica como el fin que persigue.

 

Consecuentemente, parece que la solución que se ha dado al caso de Andrea está mucho más cerca a planteamientos ideológicos y políticos que de una interpretación médica, jurídica y ética sobre el tema.

 

Por último, no se puede de ninguna manera juzgar la actitud de los padres de Andrea, pues su decisión de conciencia solo a ellos corresponde. Solamente les acompañamos en su sufrimiento.

 

Fuente: Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia.