Se oponen a la fusión de dos institutos de Arenas porque se perderían casi una veintena de empleos

Ante la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de fusionar los dos institutos de educación secundaria de la localidad de Arenas de San Pedro y dejar, a partir del próximo curso, un solo centro público, las organizaciones sindicales que conforman la Junta de Personal Docente no Universitario de Ávila (STECyL-i, CSI.F, ANPE, FETE-UGT y CCOO), representantes del profesorado de los centros públicos de la provincia, y los representantes del Comité de Empresa de Personal Laboral (UGT, CCOO, ANPE, CSI.F y CGT), quieren mostrar su unitaria oposición ante esta medida, por los siguientes motivos: 

- Disminución de puestos de trabajo, estimando estos entre 15 y 20, con un impacto económico negativo en la comarca. 

 

- Aumento de la ratio de estudiantes por grupo y por profesor, lo que repercutiría directamente sobre la calidad de la enseñanza. 

 

- Se limitaría la oferta educativa de la zona. En vez de dos centros públicos con dos proyectos educativos diferentes, con sus particularidades y características, sólo existiría uno. 


-Graves problemas organizativos causados por la movilidad diaria entre centros del profesorado y del personal laboral. 


-Existencia de conciertos educativos con centros privados en la localidad. 


Por todo ello, la Junta de Personal Docente no Universitario de Ávila y el Comité de Empresa del Personal Laboral, instan a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a: 

1. Que reconsidere esta medida y que se mantengan los dos TES públicos de la localidad de Arenas de San Pedro. 

 

2. Que no se renueve el concierto educativo con el colegio Divina Pastora dado el problema de escolarización en la zona en la que está ubicado el centro, procediéndose a la extinción progresiva del mismo. 

 

Los miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa denuncian el mantenimiento de conciertos educativos con centros privados, "siendo urgente e imprescindible la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas", que en este caso supone "un gasto superfluo de más de 200.000 € anuales de los fondos públicos, que garantice una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y etapas educativas, que respete criterios pedagógicos y equitativos que beneficien al alumnado y que ofrezca igualdad de oportunidades". 

 

 

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