SATSE y el Colegio de Enfermería de Ávila rechazan el Real Decreto sobre Prescripción Enfermera

El Colegio de Enfermería de Ávila y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han manifestado este miércoles su malestar por la aprobación por parte del Gobierno Central del Real Decreto de la “prescripción enfermera”, que según denuncian anula competencias que el colectivo enfermero tiene acreditadas por sus estudios universitarios, en la actualidad al mismo nivel académico que otras titulaciones.

Fernando Cocera, secretario provincial de SATSE, y Fidel Rodríguez, presidente del Colegio de Enfermería de Ávila, han explicado que este Real Decreto plantea que una enfermera necesite que un médico valide, a través de un protocolo o guía de práctica clínica y asistencial, actuaciones de los enfermeros que actualmente se están haciendo sin tal validación.

 

Como consecuencia, en cuanto este Real Decreto entre en vigor las enfermeras no podrán administrar ningún fármaco o producto sanitario legalmente si antes no hay un médico que determine el diagnóstico médico del paciente.

 

Aseguran que esto, además, vulneraría la legislación vigente. En concreto la Ley 28/2009 que modificó la Ley del Medicamento, en la que se permite a los enfermeros prescribir en el ámbito competencial de sus propios diagnósticos y actuaciones respecto a los cuidados que se dan en cualquier proceso asistencial.

 

Desde ambos colectivos consideran que si este borrador de Real Decreto finalmente se publica en el BOE perjudicará gravemente la actividad de los enfermeros y otros profesionales y que también se verían afectados los servicios que proporcionan a los ciudadanos y pacientes, ya que perderian el respaldo legal que actualmente les avala y les da seguridad jurídica.

 

Para SATSE y el Colegio de Enfermería de Ávila, el Ministerio de Sanidad "ha traicionado y engañado" a la profesión enfermera abulense y a toda la enfermería española al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que "deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos".


Indican que una vez se publique en el BOE el Real Decreto, el Gobierno pasará “la patata caliente” a las Comunidades Autónomas, y será a Antonio Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a quien corresponda asumir una situación creada por la administración central.

 

En este sentido apuntan que se da, además, la circunstancia de que el texto inicial acordado con la profesión enfermera fue ratificado también por Sáez Aguado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de marzo. Por ello, desde la Mesa de la Profesión se ha solicitado también una reunión con el Consejero de cara a recabar su apoyo en su demanda de cambio del Real Decreto.

 

En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, destacan que en todos los ámbitos donde los enfermeros desarrollan su trabajo (hospitales, centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de salud laboral…), el uso e indicación y autorización de fármacos y productos sanitarios, que hasta ahora han venido realizando, supone una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones y la atención en su conjunto, aspectos que inciden directamente en la optimización y coordinación de los recursos disponibles y en la seguridad del paciente.

 

Por último, Cocera y Rodríguez han querido dejar claro ante todos, los políticos, los médicos, los ciudadanos y los pacientes, que "no queremos ni ser médicos ni ser otra profesión distinta a la que somos, porque la enfermería es una profesión con competencias propias que debe ejercer y poner en marcha para aportar mejores cuidados a los pacientes para que su enfermedad no les condicione y a los ciudadanos y población en general, para que puedan vivir en un estado de salud lo más aceptable posible".