Portavoces socialistas del Tiétar se unen contra el convenio de la Junta para la construcción de depuradoras

Según los portavoces de Sotillo, La Adrada, Casillas, y Santa María del Tiétar, con Tomás Blanco a la Cabeza, este convenio “obliga a los ciudadanos a pagar el 20% de la construcción, tripilicando así sus recibos de agua; elimina la gestión local de los ayuntaientos y conlleva la cesión del servicio a una empresa privada”

El portavoz del PSOE Abulense en la Diputación, Tomás Blanco, junto a los portavoces socialista de los ayuntamientos de La Adrada, Roberto Aparicio; Santa María del Tiétar, Luis Grande Rama; Casillas, Jesús García, y Sotillo de la Adrada, Pedro Arenas, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para exigir a la Junta que retire el convenio propuesto a estos municipios para la construcción de depuradoras de aguas residuales, porque éste “obliga a los ciudadanos a pagar el 20% de la construcción, tripilicando así sus recibos de agua; elimina la gestión local de los ayuntaientos y conlleva la cesión del servicio a una empresa privada”.

 

Los portavoces socialistas, en primer lugar, han querido dejar claro que ellos no se oponen a la construcción de las depuradoras de aguas residuales, es más, “es una reivindicación que llevamos haciendo durante años”, por lo que “no van a pasar”, y para ello van a presentar mociones en los plenos de sus ayuntamientos “es porque sea la Junta quien imponga un modelo de gestión, a través de un convenio con la Sociedad Pública de Medio Ambiente, que les obligue a pagar el 20% de la construcción, con una concesión de 25 años, más otros 20 de prórroga, que supondrá a los municipios el desembolso de casi tres millones de euros, sumando a ésto que produzca una privatización del servicio a través de empresas privadas concesionarias de dudoso pasado”, manifestaba Tomás Blanco.

 

“La Junta de Castilla y León con esta forma de gestionar los proyectos, gravará a los ciudadanos con una tasa de más de 20 euros anuales, que además se revisará todos los años”, continuaba Blanco.

 

Hasta ahora, las depuradoras de aguas residuales de los distintos municpios abulenses se han construido en su totalidad con fondos de las Administraciones Públicas (80% Fondos Europeos y el 20% Fondos de la Administración Pública). “Ahora, como no hay dinero, lo que pretende la Junta es que este 20% repercuta directamente en los ciudadanos, ya ahogados por las distintas tasas y subidas de impuestos, triplicando en algunos casos el coste del recibo del agua”, añadía.

 

Pedro Arenas, pedia a los alcalde del Partido Popular en estos municipios “que sean más exigentes con su partido y que defiendan los intereses de los ciudadanos, exigiendo a la Junta que sea ella quien pague el 100% de la construcción. Si no es así provocarán un endeudamiento que no van a ser capaces de soportar.

 

Por su parte, el portavoz de Casillas, Jesús García, recordaba que en último año se han visto sometidos a una subida del 32% en el recibo del agua. Si ahora tienen que hacerse cargo del pago del 20% de la construcción, provocaría que los vecinos tuvieran que enfrentarse a una nueva subida de más del 100%. Asimismo, reivindicaba García, “no podemos permitir la pérdida de autonomía local como pretende la Junta”.

 

Roberto Aparicio, portavoz de La Adrada, hacía referencia a “la difícil situación que estamos pasando con la gestión del Partido Popular que nos está asfixiando con tasas y subidas de impuestos. Llevamos siete años con el mismo alcalde en nuestro municipio y desde estonces estamos reivindicando la creación de esta depuradora, cuando había dinero. Ahora que no lo hay pretenden que este gravamen los asuman los ciudadanos. No lo vamos a permitir y vamos a luchar en Diuación, Cortes y donde haga falta por el bien de nuestros vecinos”, finalizaba.

 

Para el portavoz de Santa María del Tiétar, su exigencia fundamental va también dirigida a los alcaldes del Partido Popular, “que deben defender la autonomía de sus munipios y exigir que sea la Junta quien se haga cargo de la construcción y la gestión quede en manos del Ayuntamiento”.

 

De momento, el convenio ha sido paralizado por la oposición del Grupo Socialista en estos municipios, y su objetivo es que se anule este convenio y se redacte uno nuevo en el que la Junta se encargue al 100% de la construcción, y luego se redacte un convenio de cesión de la gestión a los municipios, sin dar la concesión del servicio a empresas privadas.

 

En el día de ayer, Tomás Blanco, en el seno del Pleno Ordinario de la Diputación Provincia, en apartado de “Ruegos y Preguntas”, solicitó al presidente, Agustín González, la intervención de esta institución para evitar que este 20% repercutiera en los municipios. El presidente de la Diputación se comprometió a estudiar detenidamente el asunto y “ayudar en la medida de lo posible”.