Para el PSOE abulense el Gobierno "mantiene en vilo a los trabajadores del campo"

La procuradora socialista Mercedes Martín, miembro de la comisión de Agricultura, critica que el Ministerio de Agricultura no haya publicado el decreto que reparte las ayudas de la Política Agraria Común.

El veto ruso y su repercusión en el sector agrario de la provincia ha eclipsado la que ha sido su batalla del año: el reparto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).


No obstante, ha dicho Mercedes Martín, “el tema volverá a la palestra dado que a estas alturas el Ministerio de Agricultura aún no ha hecho público el real decreto cuyo borrador final cerró en agosto y envió a Bruselas, para informar de cómo se repartirán los fondos de agricultura en España. Ese decreto es el que desencadena trámites administrativos de asignación de derechos, alegaciones o declaración de cultivos obligatorios para que los agricultores puedan percibir las ayudas”.


“Un aspecto más en un proceso rodeado de una gran opacidad. Todo lo que ha trascendido son estimaciones de las propias organizaciones agrarias que, a estas alturas, no conocen con exactitud el modelo que se aplicará en España. No ha habido participación en el proceso ni información regular sobre una negociación que no ha dado como resultado una política agraria que tenga en cuenta el futuro, la mejora de la producción o la incorporación de los jóvenes a la actividad”.


La procuradora socialista ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores del campo, a los agricultores y ganaderos de Ávila, porque se trata de un sector “con un peso muy importante en la economía de la provincia, aunque eso no se les considere como debería”.


“El de la PAC, no es el único tren que este sector da por perdido. La figura del ‘agricultor en activo’, cuya definición consideraban básica para la percepción de ayudas, no ha servido para expulsar del sistema “a los agricultores de sofá”. Para percibir ayudas, sólo es necesario acreditar que el 20% de los ingresos del propietario proceden de la agricultura. Eso deja el campo abierto a la especulación y favorece que perciban ayudas determinadas sociedades cuya finalidad no es la producción agraria. Todo ello, unido a que no se haya aprovechado la reforma para regular el mercado, deja claro que para el PP, el campo y sus empleados importan poco”.