¿Para cuándo el comedor escolar de verano en Ávila?

Ana Rosa Pedriza, concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Ávila

UPyD solicita a la Junta que informe sobre el comedor escolar de verano. El pleno municipal aprobó por unanimidad en el mes de octubre una proposición para instar a la Junta de Castilla y León a poner en marcha este servicio de cara a la temporada estival.

La concejala de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Ávila Ana Rosa Pedriza ha pedido hoy a la Junta de Castilla y León que informe acerca de la marcha del proyecto de un comedor escolar para el verano, una propuesta planteada desde el Consistorio hace casi seis meses, tras la aprobación por unanimidad en el pleno de una proposición de UPyD.

 


 Tras interesarse el pasado viernes en el pleno municipal por este asunto, Ana Rosa Pedriza ha vuelto a mostrar su preocupación por el comedor ya que apenas quedan tres meses para que finalice el curso escolar y aún no se tienen noticias de la Junta de Castilla y León acerca de la petición municipal para contar con al menos un comedor escolar durante el verano, de manera que pueda dar servicio a aquellos menores que lo necesiten, bien por la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral de sus padres o bien por la situación económica de las familias.


Los comedores escolares cierran sus puertas al finalizar el curso escolar así que, en los meses de verano, muchas familias con niños se encuentran con dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, y lo que es más grave, para algunos de estos menores desaparece la  garantía de recibir una alimentación adecuada al menos una vez al día.


Esta situación se ve empeorada porque la larga crisis económica que estamos viviendo ha mermado considerablemente los ingresos de muchas familias dejando, en los casos más extremos, hogares con todos sus miembros adultos en paro.


Pedriza ha hecho hincapié en los diferentes estudios realizados por organizaciones como Unicef o Cáritas que alertan del incremento de la pobreza infantil en Castilla y León, que afecta ya al 25 por ciento de los menores, y ha recalcado la obligación que tienen las administraciones para tomar medidas al respecto.