Modificado el régimen sancionador en ordenación sanitaria, salud pública y seguridad alimentaria de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto de descentralización competencial por el que se cambian los órganos responsables de la potestad sancionadora, con el fin de "alcanzar una mayor eficacia y agilidad administrativa e incrementar la seguridad jurídica sancionadora".

La Junta ha dado el visto bueno al decreto por el que se modifican las competencias sancionadoras de la Consejería de Sanidad, en lo referido a la distribución de los órganos de la Administración sanitaria que han de ejercer la potestad de sanción dependiente del tipo de infracción.

Estos cambios normativos descentralizan competencias en materia de ordenación sanitaria, salud pública y seguridad alimentaria y farmacéutica, actualizando la legislación vigente con el fin de alcanzar una mayor eficacia y agilidad administrativa y una mayor seguridad jurídica en los procedimientos sancionadores.

Mediante este decreto de descentralización competencial, las infracciones graves a las Leyes 8/2012, de ordenación de sistema de salud de Castilla y León y 10/2012, de salud pública y seguridad alimentaria serán resueltas por el delegado territorial de la Junta en cada provincia --en el caso conlleven multas de entre 3.001 y 30.000 euros-- o el director general de Salud Pública --las que se sitúen en el rango de entre 30.001 euros y 60.000 euros--.

Si se trata de infracciones muy graves, también el director general de Salud Pública será el competente cuando las propuestas de sanción oscilen entre 60.001 euros y 150.000 euros; las que superen esta horquilla y hasta los 300.000 euros corresponderán al consejero de Sanidad y, por último, las que supongan sanciones de entre 300.001 euros y 600.000 han de ser resueltas por la Junta de Castilla y León.

Las sanciones de carácter leves quedan en el decreto hoy aprobado sin cambios, circunscritas al ámbito de las delegaciones territoriales.

En el caso de sanciones por violaciones contra la Ley 13/2001, de ordenación farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León, los cambios afectan a los tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves.

Los delegados territoriales pasan a resolver todas las calificadas como de carácter leve, cuya multa puede llegar hasta los 30.000 euros.

Las graves serán resultas, respectivamente, por el director general de Salud Pública en cuantías que van desde los 30.001 euros y hasta 60.101,12 euros; y por el consejero de Sanidad cuando la multa se estipule entre esta última cifra y los 90.000 euros.

Las infracciones muy graves quedarán adscritas al consejero de Sanidad, si son de entre 90.001 euros y 300.000 euros; y a la Junta de Castilla y León, al proponerse sanciones de entre los 300.001 euros y el millón de euros.