Messi se sentará ante un juez por delitos de fraude fiscal

El juzgado decide seguir adelante con la investigación contra el jugador y su padre. Desestima el archivo de la causa y considera irrelevanet que los Messi hayan pagado a Hacieda en declaraciones complementarias.

El juzgado de instrucción número 3 de Gavà (Barcelona) ha decidido continuar la investigación abierta contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, por tres presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública. En una resolución dictada este lunes, el juzgado ha desestimado la petición de la Fiscalía, que solicitaba sobreseer la causa contra el futbolista por defraudar 4,1 millones de eurosUna vez finalizada la instrucción, el juez da diez días al ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para que formulen la acusación y pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

 

En el auto, el juez considera "irrelevante" que los Messi hayan pagado a la Agencia Tributaria en declaraciones complementarias de IRPF las cantidades presuntamente defraudadas, aunque admite que la medida puede rebajar en uno o dos grados la pena que se les pueda imponer. De la misma manera, considera irrelevante que se haya regularizado la situación de los ejercicios posteriores a los que se investigan, que son los de 2007, 2008 y 2009.

 

 

INFORME DE LA FISCALÍA

 

Según la Fiscalía, era su padre, como representante, quien controlaba sus derechos de imagen y tenía "pleno conocimiento de las consecuencias defraudatorias" con la Agencia Tributaria Española que conllevaba el entramado societario que utilizó con sedes en paraísos fiscales para simular la cesión de derechos a sociedades ubicadas en estos países. "Lionel A. Messi no intervenía en la toma de decisiones sobre la gestión y canalización de sus ingresos ni conocía realmente el alcance, la dimensión, finalidad y efectos del entramado societario", sostenía el escrito del fiscal.

 

El jugador se limitaba, siguiendo las consignas de su padre, a estampar su firma "a los efectos de conocimiento y ratificación" en muchos de los contratos de cesión de su imagen, pero la Fiscalía sostiene que no era consciente de la finalidad defraudatoria del entramado.