Mercedes Martín: “La Junta antepone el interés partidista sobre el general para aplicar el copago hospitalario”

La secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León y procuradora por Ávila, Mercedes Martín, ha denunciado que la Junta de Castilla y León “defiende más los intereses partidistas que el beneficio de los usuarios del sistema público de salud en el copago hospitalario”, para cuya implantación ya ha instruido órdenes a los hospitales del Sacyl la Consejería de Sanidad

La parlamentaria abulense critica que el Gobierno autonómico haya mostrado más celeridad en redactar una circular que insta a los centros hospitalarios a la aplicación de dicho copago a partir del próximo 1 de enero que en solicitar formalmente la suspensión cautelar del decreto del Ministerio de Sanidad que lo establece, cuando éste data del mes de octubre.

 

Para Mercedes Martín, serán los pacientes de la sanidad pública “los grandes damnificados de la subordinación con la que está actuando la Consejería de Sanidad”, que además pretende implantar el copago de manera manual puesto que, según ha trascendido de la referida circular, los servicios farmacéuticos de los hospitales no disponen todavía de las necesarias modificaciones informáticas para una gestión eficiente de la medida.

 

No solo el copago hospitalario es una aberración para los enfermos crónicos e inconcebible en un sistema público de salud, sino que su aplicación va camino de convertirse en una chapuza administrativa fruto de la improvisación y la inoportunidad que caracteriza la política sanitaria del PP, tanto en el Ministerio como en la Consejería de Sanidad”, según la procuradora socialista.

 

Mercedes Martín ha recordado que el copago hospitalario es rechazado por "la inmensa mayoría" de la sociedad así como las principales asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, por lo que “resulta decepcionante la indeterminación de la Junta de Castilla y León”, a la que ha vuelto a pedir que no aplique esta “estafa” para los ciudadanos o que sufrague el coste económico que supone a los enfermos afectados, estimado en unos 200.000 euros, “una cantidad que puede ser asumida por la Junta para evitar daños irreparables”.