MCA-UGT insta a todas las partes implicadas a solucionar las crisis de Nissan y Elgorriaga

Última manifestación que llevaron a cabo los trabajadores de Nissan en Ávila. / Foto: Antonio S. Sánchez

La Comisión Ejecutiva de MCA-UGT de Ávila ha hecho pública las resoluciones aprobadas en el II Comite que que la agrupación celebró el pasado 30 de enero, en el cual muestran su apoyo a los trabajadores de las factorías abulenses de Nissan y Elgorriaga, a la vez que instan a las administraciones públicas competentes a moverse para solucionar sus actuales situaciones.

En el caso de Nissan, han resaltado que, además de la situación de crisis, "principalmente en el sector de la construcción", haciendo referencia al tipo de vehículos que fabrican, una de las causas más importantes es "el escaso nivel de compromiso de la multinacional" con los trabajadores y con la ciudad, "como sí han demostrado los empleados".

 

Por ello, han instado a las administraciones competentes a "que obliguen a la compañía a cumplir con la totalidad de los acuerdos del año 2010"; a la dirección de la factoría que "la planta de Ávila sea tenida en cuenta de cara a las próximas adjudicaciones de vehículos y que estas no se centren exclusivamente en vehículos industriales" y que "se acoja al diálogo"; y a los representantes de los trabajadores, "que sigan manteniendo el nivel de coherencia, dialogo y firmeza exhibidos hasta este momento para obtener una solución que obligatoriamente pasara por los tres puntos reclamados desde el inicio del conflicto: ni una sola baja traumática, garantía de empleo para la plantilla y la consecución de inversiones generadoras de empleo en la planta".

 

En cuanto a Elgorriaga, han instado al administrador judicial de la empresa a que "actúe con la diligencia debida y realice cuantas gestiones sean necesarias para que se solucione dicho problema lo antes posible por los graves perjuicios a los que se ven sometidos todos los trabajadores desde ya hace bastante tiempo", además de que han solicitado a las Administraciones Públicas en general y a la Junta de Castilla y León en particular su "implicación necesaria en aras a la solución del problema".