Más de 25.000 viviendas vacías en Ávila y los bancos no aportan ninguna a fondo social

Según UGT, los bancos abulenses no han aportado ninguna vivienda al fondo social durante el año 2013 ni tampoco en 2014,  "publicitado a bombo y platillo por el gobierno del Partido Popular" (en el 2012 aportaron menos de 25), a pesar de seguir realizando ejecuciones hipotecarias en Ávila (201 judiciales y 11 extrajudiciales).

El 07/02/14, a instancias de U.G.T., se ha archivado una ejecución hipotecaria que se seguía en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ávila, iniciada por el Banco Santander, S.A., y al ser el decreto dictado firme, el Registro de la Propiedad de Cebreros ha cancelado la nota marginal de expedición de cargas  y dominio. La deuda ascendía a 122.806,53 euros. Se ha instado el archivo de otra ejecución que se sigue sobre una vivienda sita Cebreros, por un importe de 27.954,00 euros, que se inició por la Oficina del Banco de Santander situada en San Martín de Valdeiglesias.

 

 Desde U.G.T. se está tramitando 6 daciones en pago de deuda con BANKIA (oficina C/Reyes Católicos), U.C.I. (Unión de Créditos Inmobiliarios (C/Retama 3 de Madrid), Banco Santander (2) (Oficinas de C/Don Gerónimo y C/Comandante Albarrán –antiguo BANESTO-), Kutxabank (C/Timanfaya de Alcorcón) y Caja Duero (Oficina de Sotillo de la Adrada) así como 1 reestructuración de la deuda con Ibercaja (Oficina sita en la Pza. Sta. Teresa).

 

 Desde la organización sindical, confían "en el buen hacer de las entidades financieras antedichas, debido a la exclusión social en la que se encuentras las familias afectadas y las que lo hayan solicitado, puedan permanecer en la vivienda bajo un alquiler social".

 

Desde U.G.T. entienden "que los poderes públicos deben involucrarse más en este problema, pues supone una violación de derechos humanos (el gobierno español fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14/01/13), a fin de que Ávila sea una provincia libre de desahucios, y para ello a nivel estatal se debe mantener la deducción del IRPF por la compra de vivienda habitual, realizar un censo de viviendas vacías por parte del Ayuntamiento de Ávila, en especial señalar las que están en poder de las entidades financieras (algunas de de ellas de protección oficial) y gravarlas en consecuencia vía impositiva con la aquiescencia de la Junta de Castilla y León que es quien tiene competencias en materia de vivienda, para forzar a los bancos a que aporten un número importante de viviendas al fondo social para el alquiler social. Hay que tener en cuenta, según el I.N.E., que en Ávila hay más de 25.000 viviendas vacías, siendo la segunda provincia con mayor número de viviendas secundarias vacías (41,9 %)".

 

Asimismo la Junta de Castilla y León, añaden desde UGT,  "debe firmar ya el convenio con el Ministerio de fomento para que posibilite la llegada a Avila de las ayudas del plan estatal de vivienda 2013-2016 (El Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2013-2016 contempla un total de 2.421 millones de euros".