Martínez favoreció a un empresario para que le ayudara a seguir como Presidente de la Diputación

Martínez, (centro) durante el pleno ordinario celebrado este miércoles.

El juez impone 300.000 euros a otro empresario que obtuvo numerosos contratos relacinados con la estación de esquí de San Isidro en periodos en los que Granados ocupaba "cargos de relevancia". 

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, concedió contratos al empresario valenciano Alejandro de Pedro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León", ha desvelado este jueves el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.


Según explica el magistrado en el auto en el que envía a prisión a ambos detenidos en la operación Púnica, Martínez concedía contratos en la estación de esquí de San Isidro únicamente a empresas vinculadas a De Pedro.

Además, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude", dice el juez.

CABEZA DEL ENTRAMADO

El juez asegura que el empresario es la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación.

"Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", indica el auto.

Velasco considera que estos "trabajos" le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.

El juez ha dictado, además, durante la mañana de este jueves, el ingreso en prisión eludible con una fianza de 300.000 euros para otro empresario, el propietario de Waiter Music José Luis Huerta, al que imputa delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.

"CARGOS DE RELEVANCIA"

El auto explica que su empresa ha sido "históricamente" adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid y en empresas públicas dependientes de la Comunidad madrileña en los que el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados "ocupó cargos de relevancia".

Ha tenido como uno de sus principales clientes al Ayuntamiento de Valdemoro entre los años 2004 y 2013, durante la alcaldía de otro de los detenidos, el edil José Carlos Boza.

Organizaba también eventos para el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Areas de Promoción Empresarial, el Instituto Madrileño de Desarrollo o Fundación Arpegio durante "varios ejercicios", en los que Granados "ocupaba cargos de relevancia en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Velasco tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas, los supuestos cabecillas del entramado, Granados y su socio y amigo de la infancia el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.