Los sindicatos ferroviarios consideran "una provocación" la imposición de Fomento de servicios mínimos

Son los convocantes de la huelga de 24 horas prevista para el viernes, 3 de agosto
Los Sindicatos del Sector Ferroviario, convocantes de la huelga de trenes del próximo 3 de agosto, consideran los servicios públicos impuestos por el Ministerio de Fomento "una provocación esta agresión a los derechos constitucionales y laborales" como aseguran en una nota hecha pública.

De hecho, aseguran que son los "más abusivos en la historia de las relaciones laborales en el Sector Ferroviario".

El Ministerio de Fomento, según los sindicatos ferroviarios, "no ha querido admitir ni una de las propuestas de los representantes de los trabajadores presentadas a las empresas y ha dictado unos servicios 'máximos' en Renfe, ADIF y FEVE que son un atentado al derecho constitucional a la huelga y constituyen una provocación, quizás con el objetivo de enfrentar a usuarios y trabajadores", dicen.

Como ejemplo, aseguran que los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, en los que se ha dictado que circulen "casi el 80%" o en trenes regionales "con casi el 70% (incluidos trenes y servicios que, posiblemente, sean suprimidos antes de diciembre", añaden.

Para los sindicatos convocantes de la huelga, "estos servicios son un intento del Ministerio de Fomento de menoscabar la imagen y la labor" de dichos sindicatos, "enfrentándoles con los usuarios que puedan verse afectados por el desarrollo de esta huelga", aseguran.

Los propios sindicatos recuerdan que su intención es luchar "porque el ferrocarril mantenga su consideración de público y social y se convierta en un transporte realmente accesible a todos los segmentos sociales, ganando cuota en mercancías y aumentando viajeros".

Los sindicatos han asegurado que van a "demandar judicialmente estos servicios mínimos e, incluso, a denunciar penalmente a los firmantes de los mismos, así como luchar hasta el final para que el ferrocarril que se ha construido con el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras, y con la aportación de la ciudadanía, no vaya a manos privadas a precio de saldo, como ocurrió con otras empresas, con el correspondiente perjuicio para dicha ciudadanía", subrayan.