Los presupuestos para Castilla y León caen un 0,78% hasta los 9.843,7 millones de euros

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que 2016 será el año en el que se consolidará el ciclo de recuperación económica, aunque la creación de empleo seguirá siendo "limitada".

Las nueve áreas del Gobierno autonómico podrán gestionar casi 162 millones más que durante este ejercicio, la segunda subida en dos años, como consecuencia de la mejor evolución de la economía.

 

Las cuentas de la Comunidad se han elaborado con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,7 %, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 % y un límite de déficit público del 0,3 %.

 

El Ejecutivo vuelve a apostar por la bajada de impuestos al profundizar en la reducción del tramo autonómico del IRPF, suprimir el gravamen sobre los hidrocarburos y mantener los 50 beneficios fiscales. La nueva Lanzadera Financiera de Castilla y León nace como el mecanismo para que los emprendedores accedan a 500 millones de préstamos ventajosos del BEI –más del doble que ahora– a través de las entidades que operan en el territorio autonómico, lo que evitará que computen como deuda pública.

 

El montante global del proyecto presupuestario asciende a 9.843,7 millones de euros, el 0,78 % menos que en 2015.

 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado este 14 de octubre en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción de Valladolid el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016, el primero de la IX Legislatura. Lo más relevante es que, por segunda vez consecutiva, recoge una subida de los recursos a disposición de las consejerías. Se trata de 161,9 millones de euros más que en 2015, una cantidad el 2,17 % superior, que eleva el montante para los nueve departamentos del Ejecutivo autonómico hasta los 7.628 millones, de los que el 80 % se destina a gasto social.

 

La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se enmarca en un escenario de consolidación de la recuperación de la economía que hace posible ese incremento. Así, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 %, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 % y un aumento de la tasa de empleo del 2 %.

 

Como es preceptivo, también respeta el restrictivo límite de déficit público del 0,3 %, menos de la mitad del 0,7 % permitido para 2015, o lo que es igual, el 57,1 % inferior. El documento se acomoda asimismo a la llamada regla de gasto y al límite de deuda asignado por el Gobierno de España a la Comunidad, que no hay que olvidar que es un exigente 18,6 % respecto al PIB frente a la media del 22,5 %.

 

En resumen, el proyecto está ajustado no sólo a las previsiones económicas y de empleo, sino por supuesto a las obligaciones de control del déficit y del endeudamiento públicos, un esfuerzo en favor de la consolidación fiscal y la estabilidad financiera del país con el que Castilla y León está plenamente comprometida.

 

CUENTAS PARA LOS QUE MÁS HAN SUFRIDO LA CRISIS

 

Con estos mimbres la Junta ha construido unas cuentas para 2016 que el presidente Herrera ha calificado como realistas, creíbles, responsables y por tanto contenidas, que se definen por su carácter social y son coherentes con las políticas prioritarias para el Gobierno de Castilla y León: la recuperación económica y el empleo de calidad, los grandes servicios públicos, el proyecto de Comunidad y la apuesta por el municipalismo. Por eso, se centran en la atención a los efectos de la crisis, que se reflejan especialmente en una tasa de paro que todavía es muy elevada.

 

Los Presupuestos suman un total de 9.843.699.243 euros, lo que supone una ligera reducción de 77,1 millones respecto a los que están en vigor, que equivale al 0,78 % menos. Esta bajada se explica por el descenso del 15 % de las operaciones financieras, que se debe a que el Gobierno autonómico se ha visto obligado a limitar el endeudamiento ligado a las ayudas reembolsables a las empresas –caen el 87,9 %– a raíz de un cambio de criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que este mismo año decidió que ese tipo de préstamos sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) computaran como deuda y así lo contabilizó con efectos retroactivos en 2014.

 

Precisamente el menor peso de las cargas financieras explica que el montante global de los Presupuestos para el año que viene disminuya y, al mismo tiempo, las consejerías puedan gestionar más recursos. De ahí que se pueda decir que la cifra más importante son los 8.909,9 millones de euros de techo de gasto no financiero para 2016, el 0,99 % más que este ejercicio, que añaden casi 87,1 millones de mayor capacidad de maniobra a las arcas del Ejecutivo autonómico.

 

Este montante ha crecido respecto al aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 23 de septiembre para incluir más transferencias del Estado y fondos europeos y ajustar ligeramente al alza los ingresos propios, circunstancias todas ellas contempladas en la normativa.

 

En todo caso, ese límite respeta los tres requisitos que fijan tanto la Ley Orgánica de Estabilidad, como la Ley de Estabilidad Autonómica: garantizar que se cumplen los objetivos de déficit y deuda y ser acorde a la regla de gasto, es decir, situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para 2016, establecida en el 1,8 %.  

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