Los inmigrantes 'sin papeles' pierden desde su derecho a tener tarjeta sanitaria

Sanidad insiste en que no se quedarĂĄn desprotegidos

Hoy 1 de septiembre entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condiciĂłn de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pĂşblica en EspaĂąa, que dejarĂĄ sin tarjeta sanitaria a los mĂĄs de 153.000 inmigrantes que estĂĄn en situaciĂłn irregular en EspaĂąa.

La medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por el departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una "cuestiĂłn de ajuste econĂłmico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos pĂşblicos.

Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos polĂ­ticos, algunas comunidades como AndalucĂ­a o PaĂ­s Vasco (que han anunciado que "desobedecerĂĄn" la norma y seguirĂĄn atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.

UN ASEGURADO, UNA TARJETA SANITARIA
El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condiciĂłn de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla estĂĄn ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condiciĂłn de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestaciĂłn periĂłdica de la Seguridad Social como la prestaciĂłn por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condiciĂłn de asegurado por cualquier otro tĂ­tulo.

Asimismo, tambiĂŠn tienen la condiciĂłn de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestaciĂłn sanitaria por otra vĂ­a, siempre que tengan nacionalidad espaĂąola y residan en EspaĂąa; pertenezcan a algĂşn Estado miembro de la UniĂłn Europea, del Espacio EconĂłmico Europeo o de Suiza y estĂŠn inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un paĂ­s distinto de los anteriores y tengan autorizaciĂłn para residir en territorio espaĂąol.

De este modo, quedan fuera de la condiciĂłn de asegurado los inmigrantes que estĂĄn en situaciĂłn irregular o 'sin papeles', unos 153.000 segĂşn el Instituto Nacional de EstadĂ­stica (INE), que hasta ahora sĂłlo necesitaban estar empadronados en algĂşn municipio espaĂąol para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.

A partir de ahora, Sanidad sĂłlo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atenciĂłn por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 aĂąos, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "mĂĄs amplia que la de la mayorĂ­a de los paĂ­ses europeos, y que la que reciben los espaĂąoles cuando viajan a terceros paĂ­ses".

En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algĂşn tratamiento crĂłnico, fuentes del Ministerio aseguran que tambiĂŠn "seguirĂĄn siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".

No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sĂłlo unos "mĂ­nimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, estĂĄn en su derecho, pero con tarjetas alternativas".

Pese a ello, algunas comunidades como PaĂ­s Vasco o AndalucĂ­a ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguĂ­an hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como CataluĂąa tambiĂŠn lo harĂĄn, pero crearĂĄn una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrĂĄn adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.

ALGUNAS COMUNIDADES DEL PP SE RESISTEN A COBRARLES
Pero algunas comunidades gobernadas por el PP tambiĂŠn han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protecciĂłn social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.

En cambio, otras como Castilla y LeĂłn intentarĂĄn cobrar la factura de la asistencia a los paĂ­ses de origen (en caso de que EspaĂąa tenga algĂşn convenio de colaboraciĂłn bilateral) antes de "en Ăşltimo tĂŠrmino" facturar el coste a los propios 'sin papeles'; algo que harĂĄ sin dilaciones o al menos "intentarĂĄ" La Rioja, bien despuĂŠs de la consulta o a travĂŠs de un seguro.

No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pĂşblica nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le harĂĄ una factura con lo que ha costado su atenciĂłn, que se le pasarĂĄ a sus paĂ­s de origen en caso de que haya convenio de colaboraciĂłn bilateral con EspaĂąa.

LOS IRREGULARES QUE NO PAGUEN QUEDARÁN REGISTRADOS
De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estarĂĄ obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedarĂĄ registrado lo que adeuda al SNS por su atenciĂłn.

AsĂ­, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un aĂąo tiene trabajo y sigue viviendo en EspaĂąa y es legal, se le podrĂĄ reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Por otro lado, el departamento de Ana Mato tambiĂŠn da la posibilidad a las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pĂşblica, que tendrĂĄn un coste de 710,4 euros al aĂąo (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene mĂĄs de 65 aĂąos.

No obstante, fuentes del Ministerio reconocen a Europa Press que dichas pĂłlizas no estĂĄn pensadas para los 'sin papeles' sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en EspaĂąa para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.

OPOSICIÓN EN BLOQUE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
La medida ha sido rechazada por la mayorĂ­a de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la OrganizaciĂłn MĂŠdica Colegial (OMC), SerafĂ­n Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pĂşblica puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas econĂłmicos e infecciosos.

AdemĂĄs, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontolĂłgico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que tambiĂŠn ha defendido la Sociedad EspaĂąola de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha abierto una pĂĄgina web para que los profesionales sanitarios declaren su intenciĂłn de recurrir a la objeciĂłn de conciencia para atender a los 'sin papeles'. De hecho, hasta la entrada en vigor de la norma ya ha conseguido mĂĄs de 1.700 adhesiones.

En cambio, el Consejo General de EnfermerĂ­a ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurĂ­dica" de la figura de la objeciĂłn de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en EspaĂąa.

De hecho, ha recordado que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisiĂłn" con todas las consecuencias jurĂ­dicas, judiciales y laborales que esto conlleva.