Los empresarios abulenses podrán tener una "segunda oportunidad" mediante la Cámara de Comercio

Así lo recoge el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ávila actuará como mediador concursal en acuerdos extrajudiciales cuando los deudores empresarios de su demarcación así lo soliciten tras la publicación en el BOE (28-02-2015) del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.


Esta nueva disposición regula, entre otras medidas, diversos mecanismos de mejora del acuerdo extrajudicial de pagos introducido en nuestra legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En este contexto, se potencia la figura del mediador concursal y se reconoce la posibilidad de que las Cámaras de Comercio actúen como tal.


Funciones reconocidas a las Cámaras


a) Reconocimiento explícito de la prestación directa por las Cámaras de la mediación concursal para deudores empresarios.


De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de España, podrán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el Título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


El sistema de mediación que se desarrolle por la Cámara de Ávila será transparente y se garantizará la inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrá constituirse una comisión de sobreendeudamiento u órgano equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una persona que reúna los requisitos exigidos para ejercer como mediador concursal.


b) Funciones adicionales de auxilio a los comerciantes en materia concursal
Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, la Cámara de Ávila y la Cámara de Comercio de España, podrán desempeñar funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como las de:


Asesoramiento.
Preparación de solicitudes de designación de mediador.
Preparación de acuerdos extrajudiciales de pagos.
Preparación de la documentación.
Elaboración de las listas de acreedores, créditos y contratos.
Evaluación previa de propuestas de convenio.
Cuantas otras funciones auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos concursales que corresponda cumplir al deudor.

 

Presupuestos


a) Pueden dirigir la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos a la Cámara de Ávila
Los deudores empresarios1, ya sean personas naturales o jurídicas, de acuerdo con los siguientes presupuestos:


Deudor empresario persona natural:


Que se encuentre en situación de insolvencia, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. Deberá aportarse el correspondiente balance.
Deudor empresario persona jurídica (sociedades mercantiles y de capital):


Que se encuentre en estado de insolvencia con menos de cincuenta acreedores, que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros, que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros (concurso que no revista especial complejidad) y, que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

 

b) No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:


Los que en los diez años anteriores a la declaración del concurso hayan sido condenados en sentencia firme por un delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.


Los que en los en los últimos 5 años hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.


c) No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos:


Quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.


Inicio del procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos


El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal. En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud podrá dirigirse a las Cámaras de Comercio cuando hayan asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara de Comercio de España.


La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos.


Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de los gastos mensuales previstos.


Una vez recibida la documentación, se comprobará el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, los datos y la documentación aportada por el deudor. Si se estimara que la solicitud o la documentación adolecen de algún defecto, se señalará un plazo de subsanación que no podrá exceder de cinco días.


Nombramiento de mediador concursal


Cuando la solicitud se haya dirigido a una Cámara de Comercio o a la Cámara de Comercio de España, la propia Cámara asumirá las funciones de mediación y designará una comisión encargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos un mediador concursal.


Una vez el mediador concursal acepte el cargo, se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el “Registro Público Concursal”.


Asimismo, dirigirá comunicación a la AEAT, a la TGSS y a la representación de los trabajadores, si la hubiere.


¿Cómo se alcanza el acuerdo extrajudicial?


Convocatoria a los acreedores del deudor por el mediador concursal para mantener una reunión. Plazo de 10 días desde la aceptación del cargo.


Envío a los acreedores de la Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. Plazo de 20 días antes a la reunión con los acreedores.


Los acreedores podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Plazo diez días naturales posteriores a la propuesta de acuerdo.
El mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor. Transcurrido el plazo anterior.


Reunión de los acreedores. El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no alteren las condiciones de pago de los acreedores que no han asistido a la reunión por haber manifestado su aprobación.
Mayorías necesarias para considerar aceptado el acuerdo extrajudicial, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo. (60% del pasivo o 75%del pasivo).


Formalización. (i)Elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. (ii)Comunicación al Juzgado competente (iii) Comunicación a los registros públicos de bienes competentes. (iv) Publicación de la existencia de un acuerdo en el Registro Público Concursal.


No aceptación de la propuesta


Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración del concurso.