Las repercusiones económicas del juego de la política

Juan Saborido.

Artículo de opinión de Juan Saborido, presidente de Confae.

 Asistimos estos días a un serial de vaivenes informativos relacionados con las condiciones que, en forma de propuestas para gobernar o para propiciar la gobernabilidad de España, ponen sobre la mesa determinados partidos políticos, sin duda con el sentido de Estado y el respeto al voto que, ya por dos veces consecutivas, con el mismo objetivo y con costes apreciables para las arcas públicas, hemos depositado la mayoría de los españoles, hasta el momento con más expectativas que resultados tangibles.

 

Si bien es cierto que en algunos casos se aprovecha la coyuntura para hacer entrega, por fascículos, de lo que podría parecer una especie de novela veraniega con más trama que desenlace, también lo es que tenemos la oportunidad de conocer propuestas tan serias como audaces, incluso con mayor profundidad que durante los comicios electorales, en las que se mezclan los bombardeos demagógicos de campaña con los programas analíticos, sintéticos y concienzudos, estos quizá escasos por cuento suponen de compromiso político.

 

Y es en este último contexto en el que, desde determinados sectores económicos, seguimos con interés las negociaciones entre el partido con mayor respaldo en las urnas, el Partido Popular, y Ciudadanos, conversaciones que para que arrojen resultados aritméticos con trazas de estabilidad, deberán también ampliarse a otros grupos políticos.

 

Leemos en los medios de comunicación las principales claves que, en forma de condicionantes, pone sobre la mesa Ciudadanos, y consideramos que en ellas predomina una sensatez apabullante (separación de los cargos imputados, eliminación de los aforamientos, no a los indultos por corrupción política, mandos limitados en el tiempo, transparencia y nueva Ley Electoral).

 

Pues bien, en estas reflexiones, alejadas por supuestos de los sesgos de los expertos y medios especializados, y desde el pragmatismo que caracteriza al empresario a pie de calle, que es el que brega cada día para sacar adelante su negocio, se ve con cierta frialdad, cuando no temor, que la nueva Ley Electoral que se pretende incluya unas exigencias de mínimos que no solo pueden hacer necesaria la reforma de la Constitución, pensada para hacer país, sino que también ponen en riesgo el equilibro político y territorial que debe imperar en las Cortes Generales si queremos hacer de España un país homogéneo, dentro de la pluralidad de autonomías y provincias en que se estructura nuestra nación.

 

Así, si nos parecen racionales las listas desbloqueadas en las que las personas, por sus méritos y valores, se impongan a los partidos políticos a través del voto denominado preferente, no podemos mostrar el mismo acuerdo con la modificación del sistema de proporcionalidad que, cuando se forjó la Constitución, se establecieron pensando en un Estado cuyos ciudadanos, representados por los partidos políticos, deberían ser del mismo nivel o categoría.

 

La que conocemos como nuestra Carta Magna, contempla en sus artículos 68 y 69 unas reglas de juego muy claras en las que conviven los términos de representación territorial y representación proporcional; y así en cuanto al Congreso se contempla que la elección se verificará en cada circunscripción electoral atendiendo a criterios de representación proporcional. El Senado por su parte, como cámara de representación territorial, también contempla un plus para el concepto de proporcionalidad, traducido en un Senador más por cada millón de habitantes que designarán las autonomías.

 

La propuesta de Ciudadanos en cambio, basada en un criterio distinto de proporcionalidad para el Congreso, en el que los territorios quedan supeditados hasta el punto de que muchas provincias reducirían su presencia actual hasta un escaño (mínimo), produciría el efecto contrario al que se pretende, ahondando en las desigualdades territoriales y estableciendo diferencias insalvables en las cuotas de poder político de unas provincias respecto de otras.

 

Y es precisamente ahí, en la consecuencia que se desprende de un mayor poder político, donde encontramos la incoherencia de la reforma que se pretende; pues “todos los días” vivimos ejemplos contundentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, de que el poder político está claramente relacionado con el poder económico, generando efectos perversos para el desarrollo en aquellas provincias, circunscripciones e incluso autonomías, con una mayor debilidad política.

 

Como dice nuestra Constitución, las Cortes Generales representan al pueblo español, y su interlocución no puede modificarse a espaldas de la cohesión que necesita España para proyectarse de manera uniforme y equilibrada en términos políticos, económicos y sociales.