La procuradora socialista Mercedes Martín pide a la Junta que no aplique el copago hospitalario

La parlamentaria del PSOE critica que el consejero de Sanidad, por un lado, rechace el copago y, por otro, esté preparando los servicios informáticos de los hospitales para aplicar la resolución del Ministerio de Sanidad.

La secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León y procuradora por Ávila, Mercedes Martín, reclama a la Consejería de Sanidad que suspenda la aplicación del copago farmacéutico de dispensación hospitalaria, al considerarlo “intolerable” en un sistema público sanitario y “cruel” para los pacientes, pues “se les obliga a elegir entre recibir o no un tratamiento en función de su capacidad económica”.

 

La parlamentaria abulense ha expresado su “preocupación” por la “ambigüedad” demostrada en este asunto por la Junta de Castilla y León, “que defiende una cosa y la contraria”, cuando los ciudadanos exigen “mayor determinación y contundencia” ante una medida que rechaza la "inmensa mayoría" de la sociedad así como las principales asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios.

 

“Resulta incomprensible que el consejero de Sanidad, por un lado, se manifieste contrario al copago y, por otro, esté preparando los servicios informáticos de las farmacias de los hospitales para aplicar la resolución del Ministerio de Sanidad porque dice ser serio en el cumplimiento de los mandatos”, critica Mercedes Martín, quien recuerda que “estamos ante una resolución de una ministra, no ante una ley”.

 

Por ello, la procuradora abulense del PSOE entiende que la oposición de la Junta de Castilla y León al copago hospitalario “debe ir más allá del mero anuncio de un recurso contencioso administrativo, de cuya presentación todavía no tiene constancia el Grupo Socialista, aunque sí respalda desde un principio su presentación”.

 

Mercedes Martín se ha mostrado partidaria de que la Junta de Castilla y León suspenda la aplicación de la medida mientras se resuelve dicho recurso, “si finalmente se presenta”, y en caso de que el Ministerio de Sanidad no rectifica, “lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad es asumir el coste económico que el copago hospitalario supone a los enfermos afectados”.

 

En este sentido, ha recordado que los cálculos del Gobierno autonómico indican que la aplicación del copago representará un ahorro estimado en 200.000 euros, “una cantidad simbólica e insignificante que puede producir en muchos casos daños irreparables”, y además, una cantidad “inferior al coste de las medidas organizativas, administrativas e informáticas necesarias para poder aplicarla”.

 

Así, cuando todavía no están aprobados los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma para 2014, la Junta de Castilla y León “está a tiempo de traducir su voluntad en hechos, aceptando la enmienda del Grupo Socialista por importe de 200.000 euros para que los pacientes de Castilla y León no tengan que hacer frente a dicho copago o se les pueda devolver, lo que en la práctica supondría no aplicarlo”.

 

Mercedes Martín ha insistido en que el acceso a los servicios sanitarios ya se financia a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en función de su renta y si a los vecinos se les incrementa su aportación económica cuando necesitan del sistema sanitario “se limita el acceso a determinadas capas de la población, afectando al principio de equidad y solidaridad".

 

La procuradora abulense será la encargada de defender la posición del Grupo Socialista en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, donde preguntará al consejero de Sanidad si piensa o no aplicar el copago hospitalario a partir del 1 de enero de 2014, al margen del recurso contencioso administrativo que ha anunciado.