La Plataforma en Defensa del Abono E exige que se incluya a Ávila en las zonas E1 y E2 del Consorcio de Transportes de Madrid

Representantes de las Plataformas de Usuarios de la Sepulvedana de Segovia y Defensa del Abono E de Ávila. Foto: Javier Martín.

La Plataforma del Abono E de Ávila exige a la Junta de Castilla y León, una vez más y ya ha pasado un año, que incluya a la provincia de Ávila en las zonas E1 y E2 del Consorcio de Transportes de Madrid para acabar con la discriminación de los abulenses con respecto a los castellano-manchegos. 

El 19 de septiembre se cumple un año que los usuarios de la Plataforma en Defensa del Abono E llevan exigiendo a los Servicios Territoriales de la Junta que se sustituya el actual "Abono Combinado-C2" por la implantación de los Abonos E1 y E2 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, equiparándose de esta manera con los habitantes de Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

 

Destacan desde la Plataforma que "los abulenses llevamos viviendo ya 15 años en una situación de enorme desigualdad y desventaja de derechos en el transporte, simplemente por vivir en otra comunidad autónoma que, a diferencia de Castilla-La Mancha, no vela por los intereses de sus ciudadanos".

 

Asimismo, no entienden que "el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid pueda presupuestar casi 100 millones de euros para establecer un abono joven en todas las zonas del Consorcio a partir de octubre, o cómo la Comunidad de Castilla- La Mancha ha podido renovar su convenio para continuar con el Abono E, destinando un presupuesto de 5,2 millones pero la Junta no puede incrementar en nada los 600.000 euros anuales". 

 

Finalmente consideran que la inclusión de Ávila dentro del Consorcio de Transporte madrileño contaría con innumerables beneficios como: reducción del precio del abono mensual, que en el caso de los jóvenes entre 7 y 26 años sería de 20 euros; los precios serían regulados por el propio consorcio de Transportes madrileño; posibilidad de adquirir 15 tipos de abonos diferentes; los abonos mensuales pasarían a ser un derecho y no un servicio voluntario prestado por las empresas concesionarias; los usuarios podrían viajar a Madrid cuantas veces quisiera; se podría combinar el autobús con el tren de cercanías; o poner freno a la despoblación así como atraer población. 

 

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