La parricida de Barcelona reconoce que mató a sus hijos para que "no sufrieran más"

La fiscal pide 40 años de cárcel para ella por dos delitos de asesinato con el agravante de parentesco y una indemnización al padre de los menores de 200.000 euros por el daño moral causado.

La acusada de matar a sus dos hijos ahogándolos en la bañera en el barrio del Carmel de Barcelona el 7 de abril de 2013 ha admitido ser la autora de los crímenes: "No quería que sufrieran más", ha declarado en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia de Barcelona.

  

"Estaba en un pozo profundo y no veía salidas por ningún sitio", ya que su marido les había abandonado, la seguía maltratando, les iban a desahuciar en semanas de la plaza Pastrana, no tenía trabajo y estaba en situación irregular en España --es boliviana--, por lo que temía que le retiraran su custodia.

  

En una declaración detallada en la que ha arrancado a llorar en varias ocasiones, ha afirmado que el día del crimen ella y sus hijos se tomaron pastillas de benzodiazepina (sedante) los tres juntos y que posteriormente, cuando sus hijos se durmieron, los sumergió en la bañera y los ahogó, y que su plan era acto seguido acabar con su vida: "Está claro que yo soy la culpable".

  

"Me sentía impotente por no poder hacer nada más. Se había acabado todo. Mis hijos solo me tenían a mí y yo a ellos", ha aclarado.

  

Rina M. ha pedido perdón y ha admitido que se arrepiente cada minuto de los hechos: "Mis hijos --una niña de 11 años y un niño de 9-- son dos ángeles que me cuidan".

  

Ha pedido leer para sí una de las cartas de despedida que escribió en su día a su hermano, para comprender por qué mató a sus hijos, y finalmente la ha leído en voz alta: "Estoy cansada de todo. Solo quiero dormir y no despertarme. Lo que pasamos es muy duro".

  

Ha relatado que, tras el intento de suicidio el día de los crímenes, lo intentó otras tres veces en prisión, donde ha estado recluida desde que fue detenida el mismo día de los hechos, pero que tras recibir tratamiento psicológico ha entendido que "para llegar donde están ellos" no puede suicidarse.

  

"Al quitarme la vida solo iría al infierno. Si luchó por mi vida y hago el bien iré donde están ellos. Aunque eche de menos a mis hijos y los llore cada segundo", ha argumentado.

  

Durante el interrogatorio, la acusada ha explicado su situación familiar desde que llegó a España en 2007, y que pese a que su marido Luis F. estaba en situación legal, no quiso regularizarla y solo lo hizo con sus hijos.

  

A finales de octubre de 2012 su marido se marchó de casa con otra mujer y los "abandonó", no les pasaba ninguna pensión, despreocupándose del proceso de desahucio pese a ser el titular y responsable de la vivienda.

  

Aún así, continuaba teniendo las llaves de la casa, la maltrataba y acudía a menudo a la vivienda: "Cuando ponía el pestillo golpeaba la puerta, las ventanas, no nos dejaba dormir, me amenazaba".

  

Rina M. estaba bajo tutela de los servicios sociales y había interpuesto tres denuncias por maltrato, aunque siempre se tiraba atrás y renunciaba a acusar a su marido, por lo que habían sido archivadas.

  

Al preguntársele por qué no regresó a Bolivia, su país de origen, donde estaba su familia, ella ha indicado que porque su hija iba a ser operada de una enfermedad en la cadera --que ella misma también había padecido-- y que en su país no hubiera podido costear este tipo de intervención.

  

Ha concretado que recibía diversas ayudas de los servicios sociales y de una congregación religiosa, que había tramitado becas para el comedor y que recibía otras ayudas para las actividades extraescolares de sus hijos, y ha concluido que lo hacía "absolutamente todo" para que no les faltara nada.

  

En el momento de los hechos le habían prescrito antidepresivos y ansiolíticos aunque muchas veces no los tomaba, ha indicado.

  

Respecto a su marido, ha dicho que le quería, que estaba obsesionada con él y que si hubiese vuelto a casa le hubiese perdonado: "Tenía un problema con Luis".

  

La fiscal pide 40 años de cárcel para ella por dos delitos de asesinato con el agravante de parentesco y una indemnización al padre de los menores de 200.000 euros por el daño moral causado.

  

Su abogado, Francesc Bonatti, que en su momento pedía su absolución ya que ella aseguraba no recordar nada, ahora pedirá que se le aplique algún eximente por trastorno psicológico.