La PAH de Ávila se manifestará en contra del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

Miembros de la PAH de Ávila en una protesta anterior.

La protesta tendrá lugar a las 10,00 horas del martes 3 de febrero en el Mercado Grande, y se ha organizado a la vez que lo hará representantes de la PAH y STOP Desahucios de toda España, además de que exigirán al Ayuntamiento de Ávila que apruebe una moción de rechazo a esta legislación.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ávila han organizado para este martes 3 de febrero a las 10,00 horas en el Mercado Grande una "acción de visibilidad", en la que "todos los colectivos que se ven afectados por estas 'leyes mordazas' puedan participar y tener voz", un acto al que han invitado a "todos los colectivos que quieran" y que estará acompañado de la entrega en el Ayuntamiento de una moción para que "se comprometan a retirar estas leyes". 

 

Según han explicado, "la práctica totalidad de los partidos políticos, sindicatos, magistrados, abogados penalistas y numerosas organizaciones sociales, rechazan, por represiva, la nueva legislación", y señalan que "hay que recordar la plena vigencia de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación, el derecho de comunicar y recibir libremente información, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a las garantías procesales, los derechos de libertad sindical y de huelga, el derecho a la intimidad y el derecho a la pluralidad política e ideológica".

 

Desde la PAH explican que "las consecuencias del nuevo texto propuesto por el Gobierno significarán que acciones como la acampada del 15-M previa a las elecciones de 2011, un concierto de solidaridad que no cuente con todos los permisos, participar en acciones de la PAH para impedir un desahucio, discutir con un agente de la autoridad para que se niega a identificarse o para que se le recrimina una actuación ilegítima, descolgar una pancarta en un edificio público o la difusión de una concentración de protesta, serán objeto de sanciones".

 

Además, apuntan, "al ser sanciones administrativas, la carga de la prueba se invierte y debe ser el acusado quien demuestre su inocencia en prevalecer el testimonio de un agente de la autoridad", y concluyen asegurando que "estas Leyes inciden en las competencias municipales, convirtiendo a las Policías Municipales en órganos represivos, y en las competencias de la Junta de Castilla y León, de coordinación de las Policías Locales".