La nueva Ley de Cámaras entra en vigor

Hoy ha entrado en vigor la nueva ley básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, que refuerza el papel de las entidades camerales en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la internacionalización e incremento de su competitividad en colaboración con el Estado español y las Comunidades Autónomas.

La nueva Ley de Cámaras reconoce y mantiene la naturaleza de estas organizaciones como corporaciones de derecho público para garantizar “el ejercicio de las funciones público-administrativas que, en el actual contexto económico, tienen una especial relevancia de cara a la regeneración del tejido económico y la creación de empleo y se consagra su finalidad de representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a todas las empresas.”

 

La nueva Ley de Cámaras reconoce, entre sus funciones de carácter público-administrativo:

 

Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil, nacional e internacional, así como certificados de existencia de empresas.


Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas para el desarrollo del comercio, la industria, los servicios y la navegación.


Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior.


Participar con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la Formación Profesional Dual, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación, sin perjuicio de las funciones que puedan atribuirse a las organizaciones empresariales en este ámbito.


Tramitar programas públicos de ayudas a las empresas en los términos en que se establezcan en cada caso y gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a la Administración del Estado.


Actuar de ventanillas únicas empresariales, cuando sean requeridas para ello por las Administraciones Públicas competentes.


Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, fomentar la innovación y transferencia tecnológicas a las empresas, y colaborar con las Administraciones Públicas en la implantación de la economía digital de las empresas.


Participar en la gestión de Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas.

 

También corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación desarrollar, en la forma y con la extensión que se determine, en su caso, por las Comunidades Autónomas, funciones público-administrativas como:

 

Proponer reformas o medidas que consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación y colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes que se diseñen para el incremento de la competitividad del comercio, la industria, los servicios y la navegación.


Colaborar como órganos de apoyo y asesoramiento para la creación de empresas.
Colaborar con actuaciones materiales para la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y verificación de establecimientos mercantiles e industriales cumpliendo con lo establecido en la normativa general y sectorial vigente.


Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.


Colaborar en los programas de formación establecidos por centros docentes públicos o privados y, en su caso, por las Administraciones Públicas competentes.


Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se establezcan en cada caso, así como gestionar servicios públicos relacionados con las mismas, cuando su gestión corresponda a la administración autonómica.


Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y colaboración con las Administraciones Públicas competentes.


Facilitar información y orientación sobre el procedimiento de evaluación y acreditación para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

 

Igualmente, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, para contribuir a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación, o que sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de información y asesoramiento empresarial. Asimismo, podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas actividades.

 

También podrán desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

 

La ley también establece que, como mínimo, existirá una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación por provincia, así como la adscripción universal de las empresas a las Cámaras de Comercio de cada circunscripción “sin que de ello se desprenda obligación económica alguna ni ningún tipo de carga administrativa, procediéndose a la adscripción de oficio de las mismas.”

 

El artículo 19 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, establece el régimen económico y establece que las Cámaras de Comercio dispondrán de los siguientes ingresos:

 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades.


b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.


c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.


d) Los legados y donativos que pudieran recibir.


e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen.


f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.

 

Por otro lado, la Ley crea la Cámara de Comercio de España, como órgano coordinador de la red de cámaras en España y en el exterior.

 

La Ley hace mención especial al Plan Cameral de Internacionalización (art. 22) y al Plan Cameral de Competitividad (art. 23). El Plan Cameral de Internacionalización comprende la descripción de las actuaciones de interés general en las áreas de formación e información, dirigidas prioritariamente a promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España y cualquier otra relativa a la operativa de comercio internacional. En cuanto al Plan Cameral de Competitividad, serán el Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España quienes suscribirán cada dos años, previa consulta con las Comunidades Autónomas, un Plan en el que se concretarán los programas para la mejora de la competitividad de las empresas españolas, a desarrollar conjuntamente con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.