La ley del miedo bajo el paraguas de la democracia

Miguel Ángel Barrera - EQUO CyL

Hace unos meses en Valladolid, en una manifestación convocada por la Plataforma Rural Sanitaria de Ayllón, una vecina pidió por megafonía la dimisión de la Alcaldesa de Ayllón y Procuradora de las Cortes de Castilla y León, Doña Sonia Palomar. El Concejal de cultura de dicho consistorio, D. Teodoro Nieto también  del PP, le intento arrancar el megáfono para impedir que siguiera hablando. 

 

El mismo Ayuntamiento de Ayllón ha publicado recientemente un decreto, en el cual quedan prohibidas las grabaciones de los plenos públicos a los vecinos de Ayllón.  Decreto que ha sido denunciado por EQUO y admitido a trámite por el Juzgado del Contencioso Administrativo de Segovia. 

 

Ayer en Navaluenga un energúmeno agredió a un afiliado de EQUO Ávila para intentarle arrancar la cámara con la que estaba grabando el pleno  en el Ayuntamiento de Navaluenga. 

 

Este ex-concejal del PP del Ayuntamiento, Juan Francisco Rueda Orgaz, investigado por la UDYCO por su implicación en el Caso Acinipo y su relación con el macro-complejo urbanístico Merinos Norte, uno de los mayores casos de corrupción urbanística en Andalucía , en un terreno  situado en la localidad malagueña de Ronda y que está considerado como reserva de la biosfera. 

 

En Navaluenga (Ávila) está condenado por delito ecológico, por modificar artificialmente la cota de un terreno de su propiedad a orillas del Alberche, considerado inundable, para poder construir en él, sin que este señor haya reparado el daño causado. 

 

Resaltar que el Alcalde, lejos de recriminarle su actitud, apoyó la violenta actitud de este individuo, manifestando a nuestro compañero Gonzalo Quiroga, que “sobraba en el pueblo”.  Las amenazas y presiones son frecuentes por parte de algunos integrantes del PP.    

 

El caciquismo con el que actúan muchos Ayuntamientos de Castilla y León y la ley del silencio que quieren ejercer algunos sobre los ciudadanos que democráticamente quieren ejercer sus derechos, se asemeja cada día más al terror y miedo que han sufrido miles de ciudadanos vascos. 

 

Los métodos antidemocráticos que utilizan algunos ayuntamientos, “al más puro estilo hitleriano”, es el control de todos los habitantes de su pueblo, donde trabajan, cuánto ganan, donde viven, en que comercios o o bares se dejan el dinero, quienes son sus amistades, de que hablan, e incluso controlan y toman nota de las personas que asisten a mítines de otros partidos políticos … Pero cuando un ciudadano quiere saber algo del Consistorio enseguida le tachan del “loco del pueblo”  se le enfrenta a sus vecinos y se le ponen miles de impedimentos para poder indagar si su Ayuntamiento trabaja para el pueblo, o para favorecer los negocios afines a sus alcaldes, concejales y militantes del partido que gobierna.

 

Enseguida los consistorios aplican malamente la ley de protección de datos y amparándose bajo su marco legal cierran las puertas de los Ayuntamientos a cal y canto.  En pueblos donde los caciques dan buena parte del trabajo a sus vecinos (en condiciones infrahumanas muchas veces) y otra parte del trabajo la dan a través de los Ayuntamientos que gobiernan (a dedo y bajo enchufe), impera la ley del miedo y la ley del silencio. 

 

Es hora de decir “BASTA YA” antes de Castilla y León empiece a ser el germen de un segundo País Vasco, donde bajo el paraguas de una democracia, se practica la tortura psicológica, la ley del miedo y la ley del silencio. 

 

Es hora de perder el miedo y denunciar a todos los Ayuntamientos, alcaldes, concejales, y ciudadanos que amenazan con hacer daño, si no sigues las doctrinas del cacique del pueblo.  La ley en España dice que para actuar tiene que haber denuncia previa, y para que haya denuncia previa el Estado debería garantizar y proteger la identidad del denunciante. 

 

Es hora de que los fiscales actúen de oficio, para defender los intereses de miles de personas que no se atreven a denunciar por miedo a perder su familia, su trabajo, sus amistades, o incluso sus propiedades. 

 

Es hora que se acabe con la connivencia entre la Guardia Civil y los Alcaldes de algunos pueblos, sobre todos los más pequeños.  Es hora de que los jueces pongan castigos severos a los que haciendo uso de su puesto público intenten callar ilegalmente al los ciudadanos españoles. 

 

Ya es hora que la Agencia Tributaria y el Tribunal de Cuentas investigue de oficio a estos caciques, ya es hora que la Seguridad Social investigue de oficio a esta casta política.  Su poder económico, su poder político y mediático les hace inmunes a la transparencia política. 

 

Desde EQUO Castilla y León, no lo vamos a permitir,  ayudaremos legalmente a todas aquellas personas que se sientan amenazadas y quieran perder el miedo para poder vivir dignamente en democracia y paz social. 

 

Nos quitan los servicios públicos y ahora nos quieren quitar la PALABRA. El caciquismo es un lastre en la evolución de la democracia. No podemos permitir que nuestros hijos tengan otros 35 años de una mal llamada democracia donde se secuestran las ideas, los pensamientos y las palabras